El 13 de abril, Fatshimétrie informó de una trágica noticia procedente del Tribunal Superior de Goma: un soldado de segunda clase de la Guardia Republicana, Endondo Engulu, fue condenado a muerte por asesinato y disipación de municiones de guerra. Los detalles del caso son tan terribles como impactantes: la tarde del 9 de abril de 2024, Endondo Engulu, acompañado de otro soldado vestido de civil, fue a un restaurante de la ciudad. Lo que podría haber sido una noche normal tomó un giro trágico cuando el soldado agarró el teléfono de un cliente y reaccionó violentamente ante la queja del propietario del teléfono.
El soldado abrió fuego y mató instantáneamente al dueño del restaurante y a otro cliente. En una terrible cadena de circunstancias, su propio colega fue asesinado a tiros en el acto. El acto resultó ser una tragedia no sólo para las familias de las víctimas, sino también para la unidad militar a la que pertenecía Endondo Engulu. Sus compañeros de armas, que intervinieron rápidamente para controlar la situación, entregaron al soldado a los tribunales, quienes dirigieron así el proceso que desembocó en esta condena.
El veredicto del tribunal militar no sólo condenó a Endondo Engulu a la pena de muerte, sino que también ordenó al Estado congoleño pagar daños y perjuicios a las familias de las víctimas. Una decisión de graves consecuencias, amplificadas por la petición de los familiares del fallecido de que se ejecute inmediatamente la pena, con el fin de enviar un fuerte mensaje disuasorio contra tales actos delictivos.
Este caso plantea profundas dudas sobre la responsabilidad individual de los miembros de las fuerzas de seguridad y la importancia crucial de respetar las leyes y reglamentos, incluso en circunstancias de tensión o provocación. El trágico suceso de Goma pone de relieve la necesidad de una formación adecuada para mantener el orden y respetar los derechos humanos de todos los miembros de las fuerzas armadas.
En conclusión, este caso es un crudo recordatorio de las devastadoras consecuencias de la violencia y la impunidad. También enfatiza la importancia de una justicia justa y una aplicación estricta de la ley, incluso frente a delitos cometidos por quienes tienen la responsabilidad de proteger a la sociedad. La condena de Endondo Engulu es un ejemplo evidente de la necesidad de rendir cuentas y de garantizar que se haga justicia, independientemente del cargo o título de quien transgredió la ley.