Togo se enfrenta actualmente a una importante crisis política, marcada por tensiones crecientes y reacciones controvertidas, mientras la oposición planea una protesta ilegal en respuesta al arresto de figuras políticas y a la nueva legislación que abolió las elecciones presidenciales. El gobierno togolés calificó la protesta de tres días como un sabotaje del orden público, que ha exacerbado las divisiones en la nación de África occidental gobernada por la misma familia durante casi 60 años.
Los Ministerios del Interior y de Seguridad han dejado claro que las protestas, cuyo inicio está previsto para este jueves (11 de abril), alterarán gravemente el orden público. En otro comunicado, el gobierno también aplazó las elecciones legislativas hasta el 29 de abril, posponiendo así la votación poco más de una semana.
Un portavoz de la oposición detrás de la protesta planeada dijo que la coalición planeaba seguir adelante con las manifestaciones de todos modos. «Cada vez que entran en pánico, están dispuestos a recurrir a todo tipo de subterfugios contra la oposición», dijo el portavoz Eric Dupuy a Associated Press. “Eso no nos conmueve”.
La semana pasada, el gobierno arrestó a nueve activistas de la oposición por realizar actividades políticas en un mercado. Todos fueron puestos en libertad el martes por la noche. Un comunicado del Fiscal General los justificó acusándolos de alterar el orden público. Un portavoz de los detenidos, Thomas Kokou Nsoukpoe, calificó las detenciones de arbitrarias y abusivas.
La reciente enmienda constitucional, adoptada por los parlamentarios a finales de marzo, otorga al parlamento el poder de elegir al presidente, poniendo así fin a las elecciones directas. La oposición teme que esto facilite la reelección del presidente Faure Gnassingbé cuando finalice su mandato en 2025.
Las anteriores protestas de la oposición en las últimas dos décadas, incluidas las de 2005 y 2017, han sido mortales y han dejado cientos de muertos, desplazados y exiliados.
“Las respuestas del gobierno a las pasadas protestas de la oposición han sido firmes, vigorosas y severas”, afirmó Aimé Adi, director de la sección togolesa de Amnistía Internacional. «La gente tiene mucho más miedo y desconfianza dadas las amargas experiencias del pasado, y es difícil predecir si responderán en masa al llamado de la oposición a manifestarse».
Togo, una nación de alrededor de 8 millones de habitantes, ha sido gobernada por la misma familia durante 57 años, primero por Eyadema Gnassingbe y luego por su hijo. Faure Gnassingbé está en el poder desde 2005 tras ganar unas elecciones que la oposición calificó de fraudulentas..
Algunos expertos legales creen que la Constitución podría en realidad limitar el poder de los futuros presidentes, ya que introduce un límite de un mandato y otorga más poder a una nueva figura similar a un primer ministro. Pero la oposición teme que la creación de un nuevo cargo -oficialmente el de presidente del Consejo de Ministros- pueda convertirse en otra manera de que Gnassingbé permanezca en el poder, ya que quien ocupe este cargo tendrá que ser «el líder del partido que obtenga la mayoría en las elecciones legislativas»; o el líder de la coalición ganadora.