El proceso de verificación física de los empleados de las unidades del gobierno local ha sido noticia recientemente en el estado de Enugu. Bajo la supervisión del profesor Chidiebere Onyia, Secretario de Estado del Gobierno, esta auditoría tiene como objetivo garantizar el cumplimiento por parte de los trabajadores de las normas establecidas y combatir la presencia de «trabajadores fantasmas» en las nóminas.
Durante una visita sorpresa al área del consejo de Enugu Norte, el profesor Onyia destacó la importancia de conocer el estado y la identidad de los empleados en cada distrito, así como identificar a aquellos que se deslizaron ilegítimamente en la lista de salarios del gobierno local. También expresó su preocupación por los empleados ausentes o negligentes en sus deberes oficiales, destacando que es injusto utilizar el dinero de los contribuyentes para pagar a empleados inexistentes o no comprometidos.
El equipo de verificación revisa cuidadosamente las cartas de empleo, los horarios y los datos biométricos de los empleados para asegurarse de que coincidan con la información proporcionada durante el proceso de verificación en línea. Este paso tiene como objetivo garantizar que las personas físicamente presentes coincidan con los datos registrados.
El Secretario de Estado también destacó que el sistema de gobierno local ya no debe utilizarse como medio para que personas influyentes corrompan el sistema. Prometió reformar este sistema y hacerlo más productivo, en consonancia con el plan del gobernador Peter Mbah de aumentar el PIB del estado de 4.400 millones de dólares a 30.000 millones de dólares.
Este ejercicio de verificación se llevará a cabo en los 17 distritos del estado, mientras que el equipo estatal continuará monitoreando el proceso y tomará las medidas apropiadas contra aquellos que no hayan sido verificados. El objetivo es garantizar una administración local más transparente y eficiente.
En conclusión, la verificación física de los empleados de las unidades del gobierno local en el estado de Enugu es un paso importante en la lucha contra los abusos y las prácticas corruptas. Garantizará que sólo se pague a los trabajadores legítimos y comprometidos, contribuyendo así al desarrollo económico del estado.