El lunes 10 de junio, el juez Okogbule Gbasam pronunció un fallo histórico en el caso entre Hyacinth Amadi, Godspower Obuah y Tonye Darius, quien solicitó que se declararan vacantes los escaños de 27 legisladores. Según información transmitida por el Daily Trust, el juez concluyó que los demandantes no demostraron que Amaewhule y los demás legisladores habían desertado al Congreso de Todos los Progresistas (APC).
En su veredicto, el juez Gbasam subrayó que la afiliación a un partido político sólo puede establecerse mediante la presencia en el registro del partido o la posesión de una tarjeta de afiliación, y que las ceremonias televisadas o las declaraciones verbales son insuficientes para demostrar la afiliación partidista.
El Partido Democrático Popular (PPD) presentó una solicitud para ser agregado al caso y fue nombrado cuarto acusado. Según el fallo del juez Gbasam, el gobierno del estado de Rivers debe cumplir con todas las leyes aprobadas por la Asamblea mientras los miembros permanezcan en el registro de miembros del PPD.
Esta decisión legal plantea cuestiones cruciales sobre la política y la democracia en Nigeria. Destaca la importancia de respetar las reglas establecidas para la afiliación a partidos políticos y destaca la necesidad de pruebas contundentes que respalden tales afirmaciones. Además, destaca la importancia del respeto a las instituciones legislativas y al Estado de derecho en un sistema democrático.
Es esencial comprender las implicaciones de este caso y reconocer la importancia de la justicia y la equidad en el funcionamiento de nuestro sistema político. Esta decisión debería alentar una reflexión más profunda sobre la naturaleza de la representación política y los mecanismos de rendición de cuentas dentro de nuestras instituciones democráticas.
En última instancia, la decisión del juez Gbasam ilustra la necesidad de respetar los procedimientos establecidos y garantizar la transparencia y la equidad en el proceso político. Debemos continuar promoviendo altos estándares éticos y democráticos para fortalecer nuestro sistema político y proteger los derechos y responsabilidades de nuestros representantes electos.