En el centro de la actualidad política en Benin, un asunto tan sonado como inquietante está sacudiendo al país. El vicegobernador Shaibu dijo recientemente que trabajaría desde casa para evitar posibles enfrentamientos. La medida se produce tras un ataque armado el jueves contra Shaibu y el candidato a gobernador del APC, el senador Monday Okpebholo.
Según el Sr. Shaibu, este ataque equivalía a un intento de asesinato, supuestamente orquestado por el gobierno estatal. El incidente costó trágicamente la vida a un agente de policía y sumió en el miedo la escena política local. A pesar de esta terrible experiencia, Shaibu ha mostrado moderación, evitando hasta ahora cualquier convocatoria de protestas para no inflamar las tensiones con el gobierno y sus partidarios.
Las acusaciones no tardaron en llegar, y el gobierno estatal acusó a Shaibu de movilizar a matones armados para que lo esperaran en el aeropuerto de Benín. Una acusación que refuta subrayando lo absurdo de la situación: ¿cómo pudo haber movilizado a individuos malintencionados mientras él mismo era atacado, provocando la muerte de un policía que formaba parte de su convoy?
Shaibu decidió tomar represalias iniciando una demanda de 50.000 millones de naira contra el gobernador del estado, Godwin Obaseki, y varios otros funcionarios, por difamación. También plantea el hecho de que el gobierno estatal no ha cumplido con una orden judicial que lo reinstala como vicegobernador, lo que aumenta la confusión que rodea el asunto.
Más allá de las declaraciones y acusaciones, es importante enfatizar la urgencia de una resolución pacífica de este conflicto. La violencia en la política no se puede tolerar y corresponde a las autoridades competentes arrojar luz sobre este incidente y trabajar para restablecer la confianza y la estabilidad dentro de la sociedad beninesa.
En estos tiempos convulsos, donde reinan la incertidumbre y la tensión, es imperativo que se preserven los valores democráticos y el respeto al Estado de derecho. Los acontecimientos recientes ponen de relieve la fragilidad de la situación política actual y la necesidad de trabajar juntos por un futuro más sereno y justo para todos los ciudadanos de Benin.