La oficina de la asamblea provincial de Kinshasa tomó una decisión importante este martes 9 de enero. De hecho, cuatro de cada cinco miembros levantaron las inmunidades del gobernador de la capital, Gentiny Ngobila, a petición de la fiscalía ante el Tribunal de Casación. Esta decisión permite al Tribunal de Casación procesar al gobernador por fraude, violencia y manipulación de votos durante las últimas elecciones.
Tras la anulación de sus votos por estos actos de fraude electoral, se ordenó a Gentiny Ngobila que presentara su dimisión en un plazo de 24 horas y se pusiera a disposición de la justicia. El Fiscal General del Tribunal de Casación también prohibió a los 82 candidatos invalidados salir del país.
Esta decisión de la asamblea provincial permite así continuar con las acciones contra los autores del fraude electoral y del vandalismo de kits electorales que tuvieron lugar durante las elecciones del 20 de diciembre de 2023. La fiscalía general del Tribunal de Casación ha iniciado acciones públicas acciones contra estos actos de corrupción, fraude y posesión ilegal de material electoral.
Para implementar este procedimiento, se enviaron dos correspondencias. El primero a la Dirección General de Migraciones (DGM), con el fin de prohibir la salida del territorio nacional congoleño a todas las personas afectadas por la decisión de la CENI. La segunda carta fue enviada a la Comisión Electoral Nacional Independiente (CENI), solicitándole que transmitiera todos los documentos conducentes a la anulación de los votos de los candidatos.
Esta decisión de la asamblea provincial de Kinshasa marca un importante paso adelante en la lucha contra el fraude electoral y la corrupción en la República Democrática del Congo. Muestra el deseo de establecer un sistema de justicia independiente y garantizar elecciones libres y transparentes.
Ahora se espera que Gentiny Ngobila presente su dimisión y se ponga a disposición de los tribunales para que este caso pueda ser juzgado adecuadamente y los responsables de estos actos reprobables rindan cuentas de sus actos.
Esta decisión refuerza la confianza del pueblo congoleño en sus instituciones y demuestra la determinación de luchar contra la corrupción y defender los valores democráticos.