El proyecto High Dam, ubicado en Asuán, ha desempeñado un papel vital en la protección de Egipto de sequías e inundaciones durante varias décadas. Según el ministro egipcio de Recursos Hídricos y Riego, Hany Sweilam, se trata incluso de uno de los mayores proyectos del siglo XX.
En el 64º aniversario de la colocación de la primera piedra de la Gran Presa por el difunto presidente Gamal Abdel Nasser el 9 de enero de 1960, Hany Sweilam expresó su agradecimiento a todos los que participaron en la realización de este proyecto histórico. Destacó que la Gran Presa es un reflejo del genio y la determinación de los egipcios de trabajar juntos para lograr objetivos comunes.
La Gran Presa ha tenido un impacto significativo en la seguridad alimentaria de Egipto al garantizar una fuente constante de agua para regar las tierras agrícolas. Además, permitió producir grandes cantidades de electricidad gracias a la central hidroeléctrica allí instalada.
Sin embargo, a pesar de los numerosos beneficios que aporta la presa alta, algunos expertos expresan preocupación por sus consecuencias medioambientales. De hecho, la construcción de la presa requirió el sumergimiento de vastas áreas de tierra, lo que provocó la pérdida de ciertos ecosistemas y la reubicación de las poblaciones locales.
No obstante, las autoridades egipcias continúan destacando los beneficios de la Gran Presa, particularmente en un momento en que el cambio climático está haciendo que los recursos hídricos sean cada vez más inestables. El proyecto no sólo aseguró el suministro de agua y electricidad de Egipto, sino que también sirvió como modelo de desarrollo para otros países que enfrentan los mismos desafíos.
En conclusión, la Alta Presa de Asuán sigue siendo un proyecto emblemático de Egipto, que demuestra la capacidad del país para alcanzar logros importantes para el bienestar de su población. Sin embargo, es importante continuar evaluando los impactos ambientales y sociales de este tipo de proyectos, con el fin de preservar la sostenibilidad de los ecosistemas y garantizar la participación de las comunidades locales en los procesos de toma de decisiones.