El primer ministro británico, Rishi Sunak, obtuvo una importante victoria política con la aprobación del proyecto de ley de deportación de inmigrantes a Ruanda. A pesar de un intento de rebelión dentro de su mayoría, el texto fue aprobado por los diputados de la Cámara de los Comunes. Esta medida pretende poner fin a la llegada de inmigrantes en pateras a las costas británicas.
El proyecto de ley desató una intensa controversia y expuso divisiones dentro del Partido Conservador. Los moderados temían un ataque a los derechos internacionales, mientras que los más derechistas querían medidas más estrictas. A pesar de los acalorados debates y las renuncias rotundas, Rishi Sunak logró reunir a su mayoría y aprobar el texto.
Este proyecto de ley pretende abordar las preocupaciones de la Corte Suprema británica, que dictaminó que la versión anterior era ilegal debido a preocupaciones sobre la seguridad de los solicitantes de asilo devueltos a Ruanda. Según el plan, los solicitantes de asilo verán su caso examinado en Ruanda y sólo podrán regresar al Reino Unido si su solicitud de asilo en el país africano tiene éxito.
A pesar de esta aprobación, el futuro del proyecto de ley sigue siendo incierto. Ahora debe ser aprobado por la Cámara de los Lores, que podría introducir modificaciones. Además, si los laboristas llegan al poder después de las próximas elecciones generales, el partido ha prometido derogar la ley. Además, un endurecimiento excesivo de la política migratoria podría comprometer la asociación con Ruanda, que ya ha recibido una importante ayuda financiera del Reino Unido.
Esta aprobación del proyecto de ley plantea dudas sobre su compatibilidad con el derecho internacional. La agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) considera que esta versión no respeta los estándares internacionales de protección de los derechos humanos.
En conclusión, la aprobación por la Cámara de los Comunes del proyecto de ley sobre la expulsión de inmigrantes a Ruanda representa una victoria política para el Primer Ministro británico. Sin embargo, el futuro de este proyecto sigue siendo incierto y se cuestiona su compatibilidad con el derecho internacional.