El espectro de la pena de muerte resurge en la República Democrática del Congo, mientras el país está desgarrado por el conflicto armado en el este. El Consejo Superior de Defensa pidió la ejecución de los culpables de traición. Esta solicitud provocó fuertes reacciones de organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil.
En un comunicado de prensa publicado el 8 de febrero, ACAT-Francia y 76 socios expresaron su consternación ante esta petición. Destacaron las dramáticas consecuencias de una reanudación de las ejecuciones, subrayando que no tendría ningún efecto sobre el terreno y no contribuiría a poner fin a la guerra y las atrocidades en el este del país.
Estas organizaciones también recordaron que la justicia y el restablecimiento del Estado de derecho son esenciales para luchar contra la impunidad, y que la reanudación de las ejecuciones constituiría un lamentable retroceso en relación con los esfuerzos realizados para abolir la pena de muerte desde 2003.
Actualmente, más de 800 personas condenadas a muerte se encuentran detenidas en cárceles de la República Democrática del Congo y, en 2022, se han dictado más de 163 condenas a muerte. Sin embargo, el país votó en contra de la resolución de la ONU que pedía una moratoria universal de las ejecuciones.
Las organizaciones que firmaron el comunicado de prensa pidieron la no instrumentalización de la pena de muerte y subrayaron que estaba en contradicción con la tendencia actual en África. De hecho, 27 estados africanos ya han abolido la pena de muerte por ley, excepto Camerún y la República Democrática del Congo en África Central.
También apelaron a la sabiduría del Presidente Tshisekedi para encontrar una solución a la disfunción del sistema judicial y respetar los derechos humanos, el primero de los cuales es el derecho a la vida.
Esta solicitud de restablecimiento de la pena de muerte en la República Democrática del Congo pone de relieve las cuestiones vinculadas a la justicia y los derechos humanos en un contexto de conflicto armado. Es importante que la comunidad internacional apoye los esfuerzos de la sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos para preservar los principios fundamentales de la justicia y la abolición de la pena de muerte.
Abolir la pena de muerte en la República Democrática del Congo sería un gran paso adelante y mostraría el compromiso del país con el respeto a los derechos humanos y la lucha contra la impunidad. Es hora de que la República Democrática del Congo se una a otros países africanos en esta tendencia positiva y ponga fin a un sistema que sólo perpetúa la violencia y la injusticia.