Etiopía enfrenta una grave crisis en su región norteña de Amhara, donde al menos 45 personas han muerto en redadas de las fuerzas de seguridad federales. El informe de la Comisión Etíope de Derechos Humanos confirmó las identidades de civiles que fueron víctimas de ejecuciones extrajudiciales por su presunto apoyo al grupo armado Fano.
Esta violencia se produce tras varios meses de enfrentamientos entre el ejército y la milicia étnica amhara, que se describe a sí misma como una organización de autodefensa y recluta voluntarios locales. Tanto Estados Unidos como la Unión Europea han pedido una investigación sobre los asesinatos en la ciudad de Merawi.
Aunque el gobierno federal aún no se ha pronunciado sobre los últimos acontecimientos, los enfrentamientos del año pasado llevaron a la declaración del estado de emergencia en la región. Esta violencia en Amhara representa la crisis más grave en Etiopía desde la firma de un acuerdo de paz en noviembre de 2022 que puso fin a un conflicto de dos años en la vecina región de Tigray.
El grupo armado Fano, junto con las fuerzas regionales de Amhara, fue aliado de las tropas federales en esa guerra, pero la milicia inició una rebelión en abril pasado para oponerse a los planes del gobierno de desarmarlas. Esta escalada de violencia pone de relieve las tensiones étnicas actuales en Etiopía y los desafíos que enfrenta el país para mantener la estabilidad y la unidad nacional.
Es esencial que la comunidad internacional se involucre y exija investigaciones sobre estas violaciones de derechos humanos. También es necesario tomar medidas para resolver las cuestiones subyacentes que alimentan estos conflictos étnicos, como la marginación o las reivindicaciones territoriales.
Etiopía debe encontrar soluciones duraderas que promuevan el diálogo y la reconciliación, a fin de prevenir más violencia y garantizar un futuro pacífico para todos sus ciudadanos.