La República Democrática del Congo tomó recientemente una decisión controvertida al levantar la moratoria sobre la pena capital. Este anuncio, realizado durante el Consejo de Ministros del 9 de febrero, provocó fuertes reacciones en el país y fuera de él.
Según una circular del Ministro de Justicia y Guardián de los Sellos, fechada el 13 de marzo, la pena de muerte ahora puede aplicarse en casos específicos, como delitos cometidos en tiempos de guerra, en estado de sitio o de emergencia, o incluso durante operaciones para mantener el orden público.
Los motivos por los que se puede imponer la pena de muerte están definidos en las disposiciones del Código Penal de la República Democrática del Congo, en particular para delitos como traición, espionaje, participación en bandas armadas o incluso crímenes de guerra, genocidio y lesa humanidad.
Esta decisión responde a una solicitud del Alto Consejo de Defensa dirigida al Presidente Félix Tshisekedi, específicamente en relación con cuestiones de traición dentro de las Fuerzas de Defensa y Seguridad. El Ministro de Justicia subrayó que algunos delincuentes, en particular los «kuluna», habían percibido la moratoria de la pena de muerte como un símbolo de impunidad.
Cabe señalar que esta moratoria estaba en vigor desde 2003 en la República Democrática del Congo, lo que significa que la pena de muerte ya no se aplicaba a pesar de las sentencias dictadas por los tribunales, principalmente militares. El levantamiento de esta medida plantea dudas sobre sus implicaciones para los derechos humanos y la justicia en la República Democrática del Congo.
Es fundamental seguir de cerca la evolución de esta situación y analizar las repercusiones que podría tener en la sociedad congoleña y en el respeto de los derechos fundamentales de las personas.