En noticias recientes en la República Democrática del Congo, crece la controversia en torno al aumento de los emolumentos de los diputados nacionales en la nueva legislatura. Los montos propuestos provocan fuertes reacciones, con cifras que arrojan 33.000 dólares mensuales de salario y 400.000 dólares para costos de instalación.
Es importante precisar que, según la Ley de Finanzas de 2024, los emolumentos mensuales de un diputado están oficialmente fijados en 9.361 dólares. Este dato, comparado con el de la legislatura anterior donde un diputado recibía alrededor de 8.000 dólares, muestra un aumento significativo.
Los costos de instalación, calculados a seis veces el equivalente de los emolumentos mensuales, ascienden, según la misma ley, a 56.166 dólares. Durante la pasada legislatura, estos costes ascendieron a 36.000 dólares. También se menciona que un diputado habría recibido 3.000 dólares tras la apertura del primer plenario para cubrir los gastos de combustible, alojamiento y comunicación.
La complejidad de la remuneración de los parlamentarios aparece con la adición de bonificaciones oficiales o no oficiales, lo que dificulta el cálculo de la remuneración real. Las declaraciones de algunos diputados, como las del opositor Martín Fayulu en 2022, alimentan las especulaciones sobre los elevados salarios de los parlamentarios. La sociedad civil critica esta situación, señalando la brecha entre estas remuneraciones y la realidad socioeconómica del país, donde una gran parte de la población vive en la pobreza.
El debate sobre la transparencia de los fondos asignados a las instituciones del país, en particular al Parlamento, sigue vigente, con cantidades impresionantes atribuidas a bonificaciones y gratificaciones no oficiales. Surge entonces la cuestión de la equidad salarial, frente a enormes disparidades entre los ingresos de los funcionarios electos y los de trabajadores como los docentes.
Es fundamental seguir de cerca esta situación y analizar sus implicaciones tanto económicas como sociales, para garantizar una gestión responsable de los fondos públicos y asegurar una distribución equitativa de los recursos para el bienestar de la población congoleña.