El acuerdo de asociación para la nueva economía climática firmado entre miembros del gobierno congoleño y donantes durante la COP 28 en Dubai plantea serias dudas. Organizaciones de la sociedad civil pidieron transparencia en el uso de los fondos asignados, estimados en 62 millones de dólares. Estos fondos tienen como objetivo apoyar la conservación de áreas clave para la biodiversidad en la República Democrática del Congo.
Una de las mayores preocupaciones de los activistas medioambientales es la posible contradicción entre la protección de las zonas naturales y la explotación petrolera prevista en esas mismas regiones. De hecho, los bloques petroleros están situados en zonas de gran importancia biológica, poniendo en peligro el equilibrio medioambiental.
La falta de transparencia respecto de las cláusulas específicas de este acuerdo genera preocupaciones sobre el verdadero alcance de las acciones a implementar. Además, la venta propuesta de bloques de petróleo y gas continúa alimentando debates sobre el futuro de los frágiles ecosistemas de la República Democrática del Congo.
Están aumentando los pedidos de una gestión más ética de los fondos asignados, teniendo en cuenta los intereses de las comunidades locales e indígenas que dependen de los recursos naturales. Se vuelve imperativo que el gobierno aclare su política ambiental y sus acciones futuras para garantizar un desarrollo sostenible que satisfaga las necesidades de las poblaciones locales.
La importancia de proteger estas áreas clave para la biodiversidad y preservar el equilibrio ecológico no puede ignorarse en beneficio de intereses económicos a corto plazo. Los problemas climáticos y ambientales actuales requieren medidas fuertes y coherentes para garantizar un futuro sostenible para la República Democrática del Congo y sus habitantes.