En el mundo de la energía en Sudáfrica, el asunto de la corrupción en la central eléctrica de Kusile sigue causando mucho revuelo. Recientemente, la Unidad de Confiscación de Activos (AFU) obtuvo dos órdenes de confiscación por valor de 33 millones de rands contra varios ex empleados de Eskom involucrados en presuntas irregularidades.
La investigación de los Hawks, la AFU y la Fiscalía Nacional se centró en acusaciones de corrupción, robo y mala gestión dentro de Eskom, incluido el ex director de contratos Duduzile Moyo. Este último supuestamente recibió más de 24 millones de rands de Tamukelo Business Enterprises a cambio de adjudicaciones de contratos.
Las órdenes de confiscación se refieren a Mangope Hlakudi, Kenneth Segooa, Siphiwe Mkhwanazi, Muzi Sambo, Pertunia Sambo y Zensile Sanderson, todos ellos vinculados a Tamukelo o su subcontratista, Phuwanda Trading CC. Los activos incautados incluyen propiedades, granjas, vehículos de lujo e incluso bienes personales de ex empleados.
El asunto salió a la luz después de que una investigación en profundidad realizada por la Unidad Especial de Investigación en 2018 revelara irregularidades en la adjudicación de un contrato de servicios de camión cisterna a Tamukelo por valor de 400 millones de rands. Se realizaron pagos ilícitos a funcionarios actuales y anteriores de Eskom, incluidos Moyo, Hlakudi y Segooa.
Tras estas revelaciones, los activos fueron congelados y se tomaron medidas de confiscación para recuperar los fondos malversados. Estos recursos luego se transferirán a Eskom. La AFU destacó que continúan las investigaciones penales para poner fin a la corrupción y las malas prácticas dentro de la empresa.
Este caso destaca la importancia crítica de la transparencia y la rendición de cuentas en el sector energético, y destaca los esfuerzos en curso para combatir la corrupción y restaurar la integridad dentro de la industria. La justicia debe prevalecer para garantizar un futuro energético más justo y ético para todos.