La fatshimetría sigue sacudiendo a la Asamblea Provincial del Ecuador, la crisis persiste y parece empantanada en un complejo embrollo político-judicial. Con el establecimiento de dos oficinas finales rivales, la situación se vuelve cada vez más tensa, poniendo de relieve las luchas de poder y las disensiones dentro del órgano deliberante.
Ante este impasse, las autoridades de Kinshasa tomaron la decisión de llamar a consultas administrativas a todos los miembros de las últimas oficinas en conflicto. Una medida que refleja la preocupación de las autoridades centrales ante la crisis que continúa y que corre el riesgo de tener repercusiones en la estabilidad política regional.
Las organizaciones de la sociedad civil están observando de cerca los acontecimientos y pidiendo una rápida resolución de la crisis. Destacan el papel esencial del Ministerio del Interior y del Tribunal Constitucional en la búsqueda de un resultado favorable a este enfrentamiento político.
El proceso de instalación de la sede definitiva de la Asamblea Provincial del Ecuador estuvo marcado por una serie de dificultades, como la ausencia de la sentencia de la Corte Constitucional sobre la conformidad de la normativa interna. Además, el levantamiento de las inmunidades de ciertos diputados provinciales acusados de corrupción e insubordinación ensombreció la legitimidad de las elecciones y provocó la invalidación de ciertos funcionarios electos.
Esta invalidación provocó protestas de los miembros de la primera oficina definitiva, lo que llevó al establecimiento paralelo de una segunda oficina definitiva compuesta por diputados provinciales del MLC invalidados. Esta división provocó la suspensión de los plenos de los dos cargos rivales por parte del Viceprimer Ministro del Interior, sumiendo a la Asamblea Provincial en una preocupante parálisis política.
En resumen, la crisis en la Asamblea Provincial de Ecuador no muestra signos de aliviarse y las diferentes facciones parecen estancadas en sus posiciones. Es imperativo que las autoridades competentes actúen con firmeza e imparcialidad para resolver este conflicto y garantizar el buen funcionamiento de las instituciones democráticas. Está en juego la credibilidad de la gobernanza regional y la confianza de los ciudadanos en sus representantes electos.