En los recientes desarrollos del caso judicial que involucra a Ehie y sus coacusados, como Jinjiri Bala, Happy Benneth, Progress Joseph, Adokiye Oyagiri y Chibuike Peter alias Rambo, se han producido cambios significativos. Tras una serie de procedimientos legales, la jueza Emeka Nwite tomó una decisión crucial, según los abogados defensores, Femi Falana, SAN, y Oluwole Aladedoye, SAN. Este último presentó con éxito un argumento que llevó al tribunal a revocar la orden de arresto.
La determinación del juez Nwite de anular la orden de arresto se dio luego de que se emitiera la orden de detención contra Ehie y los otros cinco acusados por su supuesta participación en el incendio de parte de la Asamblea Estatal el 29 de octubre de 2023. Esto ocurrió después de una solicitud de arresto presentada por el abogado del comisionado de policía, Simon Lough, SAN.
Los abogados defensores Falana y Aladedoye presentaron mociones separadas impugnando la orden de arresto en nombre de sus clientes respectivos. Falana argumentó que el denunciante, el Comisario de Policía, no había presentado cargos ante el tribunal, mientras que Aladedoye alegó que el tribunal carecía de competencia territorial para considerar la solicitud ex parte, ya que los presuntos delitos ocurrieron en Port-Harcourt, Rivers.
La complejidad de este caso plantea interrogantes sobre la jurisdicción legal, la acusación por terrorismo y el procedimiento regional. Los abogados defensores insisten en el respeto por la ley y el proceso legal, señalando la falta de bases sólidas y una argumentación jurídica robusta para las acciones tomadas contra los acusados.
Este caso resalta la importancia de una justicia equitativa y el debido proceso, subrayando la necesidad de un enfoque riguroso basado en pruebas y argumentos legales contundentes. Los acontecimientos en torno a este caso continuarán atrayendo la atención y generando debate acerca de la equidad, la justicia y el respeto de los derechos individuales en el sistema judicial.