Fatshimetrie: una voz para los residentes que protestan
La comunidad de Okun-Ajah fue recientemente escenario de protestas encabezadas por alrededor de 100 residentes preocupados, que vieron sus propiedades marcadas para una posible demolición. Liderados por su portavoz, el jefe Saheed Olukosi, estos manifestantes expresaron claramente su descontento y pidieron al gobierno que revise sus planes.
En el centro de esta controversia está la cuestión del derecho de vía (DdV) oficialmente demarcado. El jefe Olukosi insistió en que la comunidad había consultado con el Ministerio de Planificación Urbana y Desarrollo Físico y había obtenido confirmación de que sus edificios no infringían el DdV destinado a la alineación de la carretera costera. Hizo hincapié en que sólo aquellos que construyeron intencionalmente en el DdV deberían ser considerados responsables.
Está claro que los residentes de Okun-Ajah tienen una base sólida para defender sus derechos. Adquirieron sus terrenos y construyeron sus propiedades de forma totalmente legal, basándose en títulos de propiedad claros que datan de 2006. Además, las marcas realizadas por las autoridades competentes no indicaban ninguna desviación con respecto al trazado inicial de la carretera costera.
La voz de Ridwan Adekunle, otro residente, refuerza la posición de los manifestantes al señalar que se han observado desvíos injustificados en el trazado de la carretera nada más llegar a su comunidad. Estos hallazgos resaltan la falta de transparencia en el proceso de demarcación del DdV y plantean preguntas legítimas sobre la integridad de las decisiones tomadas por las autoridades involucradas.
Es crucial que el gobierno revise cuidadosamente esta situación y tenga en cuenta las demandas legítimas de los residentes de Okun-Ajah. Cualquier proceso de demolición debe realizarse con rigor y respeto a los derechos de los propietarios que han actuado legalmente.
En conclusión, es esencial que las autoridades pertinentes revisen el caso de Okun-Ajah y actúen con transparencia para garantizar una resolución justa y equitativa para todos los involucrados. Las voces de los manifestantes deben ser escuchadas y consideradas en la futura toma de decisiones sobre la demolición planificada de propiedades comunitarias.