Fatshimetrie, un tribunal respaldado por la ONU en la República Centroafricana, emitió una orden de arresto internacional el martes (30 de abril) contra el ex presidente exiliado François Bozizé.
La orden se refiere a acusaciones de abusos contra los derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad y la guardia presidencial entre 2009 y 2013, dijo un portavoz del tribunal especial.
François Bozizé, actualmente exiliado en Guinea-Bissau, se enfrenta a graves acusaciones. El presidente de Guinea-Bissau, Umaro Sissoco Embaló, dijo a la agencia de noticias Associated Press que no había recibido ninguna solicitud de Bangui sobre la orden de arresto y que la ley de su país no permitía la extradición.
Las víctimas están encantadas con esta noticia. Audrey Yamalé, miembro de la Asociación de Víctimas de la Crisis de 2013, declaró: “Es un gran día para nosotros, las víctimas, saber que François Bozizé es objeto de una orden de detención internacional. No nos quedemos ahí. -Bissau colaborará en su extradición.
Ibrahim Nour, cuyo padre fue torturado y asesinado en la tristemente célebre prisión de Bossembélé, acogió con satisfacción la orden de detención: «La justicia puede tardar, pero acabará alcanzando a los verdugos. Por eso aplaudo la orden de detención contra los hombres que mataron a mi padre, y por quien esperamos explicaciones para poder iniciar nuestro duelo».
A pesar de las órdenes de detención emitidas por el tribunal, Amnistía Internacional informa que una veintena de personas sospechosas de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad siguen en libertad.
El tribunal especial fue creado en Bangui para juzgar los crímenes de guerra y otras violaciones de derechos humanos cometidos durante los golpes de estado y la violencia que sufre el país desde 2003.
El poder de François Bozizé fue derrocado tras una rebelión en 2013, que desató una guerra civil marcada por violencia sectaria y atrocidades, incluido el uso de niños soldados.
El conflicto ha causado la muerte de miles de personas y ha desplazado a más de un millón de personas, o una quinta parte de la población del país, según la ONU, que mantiene una misión de mantenimiento de la paz en la República Centroafricana.
A pesar del acuerdo de paz firmado en 2019 entre el gobierno y 14 grupos armados, los combates continúan.
Patryk Labuda, experto en derecho penal internacional de la Academia de Ciencias de Polonia, destacó que la orden de arresto emitida el martes envía un fuerte mensaje sobre la intención del tribunal de perseguir las irregularidades del Estado.
«Este es sin duda uno de los acontecimientos más importantes de los últimos cinco años para el tribunal», dijo Labuda a la agencia de noticias.
Esta orden de arresto internacional demuestra que la impunidad no es una opción, ni siquiera para los ex líderes, y fortalece la esperanza de paz y justicia para las víctimas en la República Centroafricana.