La cuestión del fraude minero y su vínculo con la financiación de grupos armados y conflictos armados es un tema importante que preocupa a muchos actores involucrados en el sector minero. Recientemente, durante un “café político” organizado en Bukavu por el Programa de Desarme, Desmovilización y Recuperación Comunitaria (PDDRC-S), esta cuestión estuvo en el centro de los debates.
En la provincia de Kivu del Sur hay más de sesenta grupos armados con más de trece mil combatientes. Estos grupos operan principalmente alrededor de sitios mineros, explotando recursos sin seguimiento ni trazabilidad. Una situación que no sólo favorece el fraude minero, sino también la financiación de conflictos armados.
Fernando Nkana, experto del PDDRC-S/Kivu del Sur, subraya que la presencia de grupos armados está directamente relacionada con la explotación de los recursos naturales. Deplora la falta de gobernanza minera en la región y destaca la implicación de determinadas autoridades y servicios de seguridad en el fraude minero.
La lucha contra el fraude minero está empezando a dar frutos, como lo demuestra el caso de la empresa Primeira Gold, que pasó de 40 kg de oro en 2020 a más de 5.000 kg de oro rastreados y exportados en 2023. Esto demuestra que con medidas adecuadas , es posible luchar eficazmente contra este flagelo.
Por lo tanto, es crucial que las autoridades implementen políticas estrictas para garantizar la transparencia y la trazabilidad de los minerales explotados, con el fin de limitar los riesgos de financiar grupos armados mediante fraude minero. Una mejor gobernanza y una cooperación reforzada entre las partes interesadas son esenciales para evitar estas prácticas perjudiciales para la estabilidad y el desarrollo de la región.
Al abordar eficazmente la cuestión del fraude minero, es posible promover el crecimiento económico sostenible y contribuir a la construcción de una sociedad más justa y pacífica.