Presencia militar en sitios mineros en Maniema: llamado a la acción para proteger a las poblaciones civiles

En la provincia de Maniema, la cuestión de la presencia militar en las minas del territorio de Lubutu suscita preocupaciones legítimas entre la población. La Sociedad Civil de Maniema, a través de su filial Lubutu, hace sonar la alarma y pide a las autoridades político-administrativas que reaccionen urgentemente ante esta preocupante situación.

Los resultados son alarmantes: los soldados están tomando poco a poco las zonas mineras, poniendo en peligro la seguridad y la paz de los habitantes. Los ciudadanos pacíficos de los territorios de Masaba, Nzigida, Kilomoto, Cholo, Magiatani, Etogo y otras localidades son víctimas de múltiples formas de violencia e intimidación. Los informes indican actos de represión, abuso físico y tortura, que atestiguan una flagrante violación de los derechos fundamentales de estas poblaciones.

Ante esta desastrosa situación, la sociedad civil de Maniema, representada por su presidente Mutoro Mumbere Jean-Pierre, pide una reacción inmediata de las autoridades competentes. Es imperativo que las autoridades político-administrativas locales, provinciales y nacionales tomen medidas concretas para poner fin a estos abusos. La impunidad de la que parecen disfrutar estos soldados es inaceptable y debe terminar sin demora.

Es fundamental que el Ministro de Defensa se ocupe de este asunto y tome las medidas necesarias para garantizar la protección de las poblaciones civiles y la seguridad de los sitios mineros. Además, es esencial una investigación exhaustiva de las acciones de las fuerzas armadas en esta región para esclarecer las responsabilidades y garantizar que tales violaciones de derechos humanos no se repitan.

La sociedad civil, como voz del pueblo, transmite las quejas y el sufrimiento de los ciudadanos. Es fundamental que las autoridades políticas respondan a este urgente llamamiento para restablecer la paz y la seguridad sociales en la provincia de Maniema. Existe una necesidad urgente de actuar, y la protección de los derechos de las personas debe ser una prioridad absoluta para cualquier sociedad democrática que respete el Estado de derecho.

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