El asunto del arzobispo metropolitano de Kinshasa, Fridolin Ambongo, ha causado recientemente mucho revuelo en el Congo. Los miembros del Consejo del Apostolado de los Laicos Católicos del Congo (CALCC) expresaron su consternación por la apertura de una investigación judicial contra el prelado. Esta decisión fue adoptada por el Fiscal General de la Fiscalía del Tribunal de Apelación de Matete, por instrucciones del Fiscal General del Tribunal de Casación.
La CALCC, que representa a varios movimientos, grupos y asociaciones católicas, denuncia enérgicamente lo que describen como implacabilidad política contra el arzobispo. Creen que esta actitud pretende empañar la imagen del prelado y reducirlo al silencio. Por tanto, piden la independencia de los órganos judiciales para poner fin a esta preocupante situación.
Los acontecimientos que precedieron a esta decisión judicial despertaron preocupación dentro de la comunidad católica. En particular, las humillaciones sufridas por el arzobispo en el aeropuerto internacional de N’djili, así como las amenazas provenientes de un miembro del gobierno. Para la CALCC, estos actos parecen constituir una determinación encaminada a silenciar a un defensor de los derechos y la justicia.
En su declaración, el presidente de la CALCC, Jean Bosco Lalo, subraya que en este asunto se habría ignorado el Acuerdo Marco entre el Congo y la Santa Sede, que prevé una estrecha colaboración. Pide que se haga justicia en nombre del pueblo, de conformidad con la Constitución.
Por otra parte, el Fiscal General del Tribunal de Casación justificó su decisión acusando al cardenal Ambongo de difundir comentarios sediciosos e incitadores que podrían ir contra las instituciones y la seguridad de la población. Subraya un comportamiento constante del arzobispo, transmitido durante sus diversas intervenciones públicas.
Ante esta situación, los laicos católicos del Congo llaman a la vigilancia y esperan los próximos pasos en esta materia. Reafirman su apoyo a su Pastor y su compromiso con el bienestar de la Iglesia y del país.
Queda esperar que prevalezca la independencia del poder judicial en este delicado asunto, a fin de garantizar un trato justo e imparcial a todas las partes involucradas. Este caso plantea interrogantes más amplios sobre el estado de la democracia y la libertad de expresión en el país, y exige una reflexión profunda sobre las cuestiones sociales que surgen de él.