En el corazón de África occidental, Nigeria es escenario de una feroz lucha contra el tráfico de drogas. La propuesta del Senado, presentada el jueves 9 de mayo, va aún más allá al sugerir la pena de muerte como sanción máxima para los narcotraficantes. Esta decisión sustituye a la cadena perpetua, hasta entonces la pena más severa.
Con una población que supera los 200 millones, Nigeria ha pasado de ser un mero punto de tránsito a convertirse en un importante productor, consumidor y distribuidor de drogas ilícitas. La trivialización del abuso de opioides, en particular de tramadol y jarabes para la tos que contienen codeína, se ha vuelto algo común. En respuesta a esta alarmante situación, la Agencia Nacional de Administración y Control de Medicamentos prohibió el jarabe de codeína en 2018.
Si bien el cannabis se cultiva localmente, el tráfico de cocaína, metanfetamina y otras drogas empeora la adicción y los problemas sociales en Nigeria. La propuesta del Senado, que surge de un informe parlamentario, tiene como objetivo disuadir a los traficantes estableciendo la pena de muerte como pena máxima.
Sin embargo, algunos parlamentarios expresan preocupación por el carácter irreversible de la pena de muerte y la posibilidad de errores judiciales. El texto, ya adoptado por la Cámara de Representantes pero sin disposición sobre la pena de muerte, deberá ser objeto de conciliación entre las dos cámaras antes de ser presentado al presidente.
Esta medida draconiana plantea cuestiones éticas y prácticas. Mientras algunos creen que podría disuadir a los traficantes, otros advierten sobre los riesgos de condenas injustas e irremediables. El debate promete ser acalorado y subraya la urgencia de adoptar medidas eficaces para luchar contra el flagelo de las drogas en Nigeria.