En el contexto actual de la minería en la República Democrática del Congo (RDC), la Ministra de Minas, Antoinette N’Samba Kalambayi, se enfrenta a grandes desafíos en materia de minería ilícita. El comunicado de prensa publicado recientemente destaca las preocupaciones sobre la minería artesanal ilegal en los perímetros del antiguo Permiso de Explotación 4731, ahora propiedad del Estado congoleño.
La observación es alarmante: a pesar de la retirada oficial del permiso de funcionamiento y de la declaración de estos perímetros como propiedad estatal, la explotación ilegal continúa desenfrenadamente. Los minerales extraídos ilegalmente se transportan clandestinamente a Goma, eludiendo los sistemas de trazabilidad vigentes, lo que compromete su legalidad y su comercialización. Esta práctica, alimentada por redes clandestinas, tiene importantes repercusiones económicas y sociales para el país.
Ante esta situación, el ministro tomó medidas concretas al autorizar la instalación de una cooperativa minera en los sitios afectados. Esta cooperativa tiene como misión reunir a mineros artesanales con el objetivo de restablecer la trazabilidad de los minerales extraídos e integrarlos en el circuito oficial de comercialización. Una loable iniciativa que pretende regular la minería artesanal y luchar contra las prácticas ilegales perjudiciales para la economía nacional.
Sin embargo, los actores externos complican aún más la situación. Ruanda, a través del M23, se encuentra en el centro de las tensiones, al facilitar la minería ilícita e imponer impuestos abusivos a los minerales que transitan por sus territorios. Esta interferencia extranjera compromete la soberanía de la República Democrática del Congo y alimenta los conflictos locales, acentuando los abusos contra los derechos humanos y el deterioro de la situación de seguridad.
La ministra Antoinette N’Samba Kalambayi destacó estas acciones pidiendo un embargo contra Ruanda, con el fin de frenar la financiación de los conflictos mediante el tráfico ilícito de minerales. Esta valiente posición subraya el deseo del gobierno congoleño de restablecer el orden y la legalidad en el sector minero, protegiendo al mismo tiempo los intereses económicos y la seguridad del país.
La cuestión de la trazabilidad de los minerales procedentes de la República Democrática del Congo es crucial en la escena internacional. Bufetes de abogados internacionales han denunciado el blanqueo de minerales 3T (estaño, tantalio, tungsteno) a través de Ruanda, destacando la complicidad y las responsabilidades de las empresas globales en este comercio opaco. Es necesaria presión sobre estos actores económicos para garantizar una cadena de suministro ética que respete los estándares internacionales.
En resumen, la situación minera en la República Democrática del Congo exige una acción concertada, tanto a nivel nacional como internacional.. La integridad de la cadena de suministro, la lucha contra el tráfico ilícito y la protección de los derechos de los trabajadores mineros son desafíos importantes que requieren una respuesta inmediata y colectiva. Es imperativo apoyar las iniciativas locales para regular el sector minero y garantizar la transparencia, en aras del desarrollo sostenible y la paz en la región de los Grandes Lagos.