Los agricultores de Saio en Beni, en la provincia de Kivu Norte de la República Democrática del Congo, se enfrentan a nuevas limitaciones administrativas, lo que provoca un fuerte descontento dentro de la comunidad agrícola local. De hecho, un nuevo formulario de identificación, introducido por el gobernador de la provincia hace aproximadamente un mes, suscita ira y frustración entre los productores, en particular entre los del sector del cacao.
Este formulario de identificación obligatorio concierne a todos los agricultores de la región, pero se centra más específicamente en los del distrito de Saio, situado en el municipio de Mulekera, famoso por sus plantaciones de cacao y plátano, así como por sus estanques de peces y sus colmenas. El objetivo declarado por las autoridades es luchar contra el robo de cacao, una práctica común que contribuye a la inseguridad en la región.
Sin embargo, los agricultores temen que este nuevo requisito administrativo se sume a las múltiples dificultades que ya enfrentan. De hecho, el costo financiero asociado con la obtención de este formulario de identificación, así como el posible acoso en los puntos de control, representan una carga adicional para los agricultores, ya debilitados por años de conflicto armado y desplazamiento forzado.
Una agricultora, que desea preservar su anonimato, expresa con amargura las dificultades a las que se enfrentan los agricultores locales: «Vivimos en la violencia, estamos desplazados, pagamos el alquiler, las facturas del agua y ahora nos piden 19.000 francos congoleños adicionales por una simple identificación. tarjeta Esto parece más una nueva forma de explotación que una verdadera medida de seguridad.
Para el jefe del distrito de Saio, Flavien Muhindo Nzanzu, esta formalidad administrativa tiene como objetivo sobre todo distinguir a los verdaderos propietarios de los campos de los individuos malintencionados que pretenden apropiarse ilícitamente de las cosechas agrícolas. Según él, la regulación del sector del cacao es necesaria para restablecer una apariencia de orden y legitimidad en un sector a menudo plagado de prácticas ilegales y fraudulentas.
Al mismo tiempo, el decreto del gobernador prevé restricciones relativas a los períodos de cosecha del cacao, con el fin de controlar mejor el flujo de productos agrícolas y limitar el riesgo de robo. Sin embargo, estas medidas, aunque justificadas para algunos, plantean preguntas legítimas sobre su eficacia real y su impacto en la vida cotidiana de los agricultores locales..
En este contexto de tensiones y desacuerdos, parece esencial que las autoridades locales tomen en consideración las preocupaciones legítimas de los agricultores y busquen soluciones concertadas destinadas a garantizar la seguridad alimentaria y económica de las poblaciones rurales, promoviendo al mismo tiempo un clima de confianza y cooperación entre los diferentes actores del sector agrícola.