En un fallo reciente del Tribunal Estatal de Rivers, División de Port Harcourt, el juez Charles Wali emitió la orden en el caso PHC/1512/CS/2024. Este caso fue llevado ante los tribunales por Victor Oko Jumbo y otros dos legisladores leales al Gobernador Siminalayi Fubara, siendo este último, el Fiscal General del estado y el Presidente del Tribunal Supremo del estado los demandados.
La orden de interdicto interlocutorio emitida por el juez Wali, según lo informado por Channels TV, establece que: “Se otorga una orden provisional que impide que los demandados del 1 al 25 se presenten y se hagan pasar por miembros de la Asamblea del Estado de Rivers y/o se reúnan / sentarse en el Auditorio de la Sede de la Asamblea ubicado en Old Aba Road, Port Harcourt o cualquier otro lugar para pretender llevar a cabo deberes legislativos de la Cámara de la Asamblea del Estado de Rivers, ya que sus puestos legislativos fueron declarados vacantes en espera de la audiencia y determinación del principal caso.
También se emite otra orden de interdicción provisional que impide que los demandados del 26 al 28 traten, interfieran, acepten resoluciones, proyectos de ley y/o interactúen de cualquier manera con los demandados del 1 al 25 en su supuesta calidad de miembros del Estado de Rivers. Cámara de la Asamblea”.
Esta decisión da como resultado que los cargos legislativos de los encuestados sean declarados vacantes, con efecto a partir del 13 de diciembre de 2023. El vacío así creado en la Cámara de la Asamblea del Estado de Rivers tiene implicaciones significativas en el funcionamiento de la institución y en el panorama político del estado. .
No se puede subestimar el impacto de esta decisión legal, ya que plantea cuestiones fundamentales sobre la estabilidad política de la región y el respeto al Estado de derecho. Más avances en este asunto podrían tener repercusiones duraderas y significativas en la gobernanza del estado de Rivers.
Esta sentencia destaca la importancia de la independencia judicial y el respeto de las decisiones judiciales para garantizar un sistema democrático fuerte y una gobernanza transparente. Corresponde ahora a los actores políticos y judiciales respetar e implementar esta decisión con total transparencia y respeto a los principios democráticos.