En el evento que marcó la distribución de 20 SUV Toyota Prado a los jueces del estado y la inauguración del nuevo Tribunal Superior del Estado de Delta en Asaba, el ex presidente Goodluck Jonathan hizo importantes declaraciones. Hablando el martes 4 de junio, destacó el gran impacto que tiene la celebración de elecciones justas en la reducción del número de disputas legales.
La tesis de Jonathan es que unas elecciones justas podrían aliviar significativamente la avalancha de litigios. Destacó el hecho de que muchos políticos presentan demandas por supuestas injusticias electorales y estimó que casi el 50 por ciento de estos casos se derivan de sentimientos de trampa en el proceso electoral.
El ex Presidente dijo: “Mi opinión es que el 50 por ciento de los que acuden a los tribunales lo hacen porque creen que han sido agraviados por el sistema de gestión electoral; que eran falsos. Cuando naturalmente te sientes agraviado, debes recurrir a la justicia. Entonces, si las elecciones se llevan a cabo correctamente, incluso si pierden, sabrán que han fracasado pero no necesitarán recurrir a la justicia para proclamarse ganadores”.
También destacó la situación en Sudáfrica, donde el organismo de gestión electoral nunca hace concesiones y donde los perdedores de una elección simplemente esperan la siguiente votación sin cuestionar los resultados.
Esta perspectiva de Goodluck Jonathan plantea preguntas pertinentes sobre la integridad de los procesos electorales y la importancia de la confianza ciudadana en los resultados. Al promover elecciones libres y justas, la insatisfacción que a menudo conduce a demandas podría reducirse significativamente, fortaleciendo así la democracia y el Estado de derecho.
En última instancia, el reconocimiento y la aceptación de los resultados electorales por parte de todas las partes interesadas es esencial para aliviar las tensiones políticas y fomentar una gobernanza armoniosa. La transparencia, la equidad y la rendición de cuentas en el proceso electoral son pilares fundamentales para garantizar la estabilidad democrática y evitar litigios innecesarios que socaven la confianza de los ciudadanos en sus instituciones.