En un caso explosivo reciente que ha sacudido los niveles más altos de la seguridad nacional, el inspector general de la policía, Kayode Egbetokun, recibió el mandato de dirigir la investigación sobre la supuesta venta indebida de helicópteros NCAT. La decisión se tomó tras intensas discusiones que duraron casi cinco horas entre el comité, la dirección de NCAT y otras partes relevantes.
El presidente del Comité, Ademorin Kuye, expresó serias preocupaciones por las importantes pérdidas financieras causadas por la venta de dos helicópteros, adquiridos inicialmente por 2,4 millones de dólares, por sólo 1,2 millones de dólares sin seguir los procedimientos adecuados. Destacó la necesidad de contar con una lista detallada de los activos, incluyendo una descripción completa y especificaciones de todos los activos, así como el estado actual de los activos arrendados, su fecha y modo de adquisición.
La tergiversación de documentos también fue planteada por un miembro del comité, Midala Balami, destacando prácticas cuestionables en torno al asunto. Además, el empleo de un subastador sin licencia que no respondió a las solicitudes de información genera preocupaciones sobre la transparencia y la ética de la transacción.
Por su parte, Musa Alkali, coordinador de Aviación del Ejército de Nigeria, reveló que la solicitud del ejército de utilizar los helicópteros con fines antiterroristas había sido rechazada, destacando la importancia de recuperar estos recursos estratégicos para la seguridad nacional.
Este caso se produce en un contexto en el que la Cámara de Representantes ha iniciado una investigación masiva sobre el estado de los activos públicos del país, con el objetivo de recuperar miles de millones de naira en activos abandonados, tanto a nivel nacional como internacional. Las inquietantes revelaciones que surgen de este caso resaltan la urgente necesidad de fortalecer los mecanismos de seguimiento y transparencia para prevenir incidentes de este tipo en el futuro.
En conclusión, este asunto del helicóptero NCAT revela las fallas en el sistema de gestión de activos públicos y resalta la importancia crucial de combatir la corrupción y las prácticas fraudulentas que socavan la estabilidad y la seguridad del país. La investigación en curso por parte del Inspector General de la Policía sin duda arrojará nueva luz sobre este asunto y ayudará a restaurar la confianza pública en la integridad de nuestras instituciones.