La integridad y la transparencia de los miembros del gobierno y de los funcionarios públicos son elementos fundamentales para garantizar la buena gobernanza y la buena gestión de los asuntos públicos. Teniendo esto en cuenta, actores estatales y no estatales y socios para el desarrollo han recomendado recientemente que los funcionarios gubernamentales y agentes públicos declaren sus bienes ante el Tribunal Constitucional en la República Democrática del Congo.
Esta recomendación, fruto de los debates y discusiones en Kinshasa, organizados por la Agencia para la Prevención y la Lucha contra la Corrupción (APLC), tiene como objetivo reforzar la transparencia y garantizar la integridad de las personas que ocupan funciones públicas. Es innegable que la declaración del patrimonio familiar antes de asumir un cargo público es una herramienta esencial para prevenir conflictos de intereses, enriquecimiento ilícito y promover una gobernanza virtuosa.
El incumplimiento generalizado de las disposiciones constitucionales y reglamentarias relativas a la declaración de bienes es una omisión que obstaculiza la visión de una gestión ética y responsable de los bienes públicos. Es fundamental que los actores políticos y administrativos respeten estas obligaciones legales para garantizar la confianza de los ciudadanos y luchar contra la corrupción.
Denunciar el enriquecimiento ilícito también es un medio esencial para garantizar la rendición de cuentas de los líderes políticos. Cualquier ciudadano o interesado tiene derecho a denunciar cualquier caso sospechoso de enriquecimiento ilícito ante las autoridades judiciales competentes. Este enfoque ayuda a fortalecer el estado de derecho y combatir la impunidad dentro de las instituciones públicas.
Las declaraciones patrimoniales de las más altas autoridades del Estado, como el Presidente de la República y el Primer Ministro, deben presentarse con total transparencia en la secretaría del Tribunal Constitucional, de conformidad con las leyes vigentes. Corresponde a esta autoridad judicial verificar estas declaraciones y transmitirlas a los organismos tributarios competentes, garantizando al mismo tiempo un seguimiento riguroso de la conformidad de la información proporcionada.
En resumen, la declaración pública de bienes es un mecanismo fundamental para prevenir la corrupción, promover la buena gobernanza y fortalecer la confianza de los ciudadanos en sus instituciones. Los líderes políticos y administrativos tienen el deber moral y legal de demostrar transparencia e integridad en la gestión de los asuntos públicos, asegurando el cumplimiento de estándares éticos y las obligaciones legales resultantes.