En una decisión contundente, la jueza Joyce Abdulmalik dictó una sentencia histórica confirmando que la Comisión Económica y Financiera (EFCC) había demostrado más allá de toda duda razonable que las propiedades, ubicadas en diferentes partes del país, fueron adquiridas ilegalmente.
Según el juez Abdulmalik, el solicitante cumplió efectivamente con su responsabilidad conforme a la ley de establecer que la propiedad fue adquirida con fondos criminales.
También señaló que “las diversas personas que respondieron a una orden de decomiso provisional anterior, exigiendo a las partes interesadas que demostraran una causa por la cual los bienes no debían ser confiscados de forma permanente, no han establecido de manera creíble su propiedad sobre los mismos”.
De las 23 propiedades enumeradas en la orden, tres fueron excluidas, incluido el Apartamento 42C, SMC Quarters, Unguwan Dosa, Kaduna; terreno 18, Ruta F, sobre el TPO 462 BC de O Kd5469 y terreno de Catastral Bo/426 Baliza B5086, B5087, B5105, B5104, B5099 Zona B05 Utako.
La esposa de Maina, Laila, que afirmó ser ciudadana de Estados Unidos, y algunos de sus familiares y asociados, entre ellos Uwani Usman, Alhaji Aminu Yakubu Wambai, Haruna Mu’azu Musa y Aliyu Abdullahi, reclamaron la propiedad de las 23 propiedades.
La agencia anticorrupción había obtenido anteriormente una orden de decomiso provisional de 23 propiedades vinculadas a Maina, que actualmente se encuentra en prisión por fraude de pensiones por valor de 2.000 millones de naira.
A su juicio, el juez Abdulmalik estuvo de acuerdo con el abogado de la EFCC, Farouk Abdullah, en que quienes reclamaron la propiedad de las propiedades no habían logrado establecer de manera convincente su supuesta propiedad mediante la presentación de pruebas creíbles.
Ella enfatizó: “Es un hecho legal que los casos de decomiso civil sin condena se basan en una preponderancia de la evidencia”.
Concluyó: «Sobre la base de los hechos y pruebas detallados en los que se basó el Solicitante (la EFCC) para esta solicitud de decomiso final, encuentro que la carga de la prueba se ha desplazado efectivamente a los Solicitantes para establecer mediante pruebas documentales sólidas, el rastro secuencial de la génesis de sus finanzas y la adquisición de los mencionados bienes sujetos a decomiso provisional.»
A raíz de estas graves omisiones por parte de los demandantes (Maina, su esposa y sus asociados) para demostrar de forma creíble el origen lícito de sus ingresos, el juez ordenó el decomiso definitivo de los bienes enumerados, a excepción de algunos.
Las propiedades afectadas están ubicadas en Abuja, Nasarawa, los estados de Kaduna y Kano, e incluyen diversas propiedades como dúplex, terrenos, granjas y casas, adquiridas de manera cuestionable..
Este caso destaca los mecanismos de lucha contra la corrupción en Nigeria y subraya la importancia de luchar contra el enriquecimiento ilícito, para preservar la integridad y la transparencia de las instituciones del país.