Las recientes noticias sobre las decisiones del juez Ekerete Akpan no dejan indiferente a nadie. De hecho, en cinco sentencias distintas, el juez se pronunció sobre la cuestión de la legitimidad de la investigación llevada a cabo por la EFCC sobre acusaciones de delitos financieros. Un caso que plantea interrogantes sobre el respeto de los procedimientos y los derechos de los implicados.
El juez Ekerete Akpan destacó que era imposible impedir que la EFCC llevara a cabo su mandato constitucional de investigar presuntos delitos financieros. Según él, la interpretación misma de las intenciones de la EFCC, especialmente en lo que respecta a una acusación de soborno de 15 millones de naira durante el interrogatorio de los denunciantes, no constituye acoso. Por lo tanto, rechazó la solicitud por falta de competencia.
Los abogados de los demandantes cuestionaron firmemente la supuesta insistencia de la EFCC en arrestar e investigar a sus clientes, acusados de recibir obsequios en efectivo de los responsables políticos. Denunciaron una caza de brujas por parte del gobierno del estado de Oyo, que había pedido a la EFCC que investigara a quienes tomaban las decisiones.
Sorprendentemente, estos tomadores de decisiones habían completado su tarea de elegir al próximo sucesor a la corona el 22 de septiembre de 2022 y un año después el gobierno estatal cuestionó el proceso. Esto plantea dudas sobre los motivos reales detrás de estas acusaciones repentinas y la idoneidad de las acciones tomadas.
Por otro lado, el abogado de la EFCC abogó por la colaboración de los responsables políticos con el organismo anticorrupción, señalando que dos de ellos respondieron a la invitación de la EFCC y proporcionaron información útil. También mencionó que algunos se negaron a cooperar y regresaron a sus hogares sin encontrar ningún problema particular.
El representante del gobierno estatal también defendió la posición del estado, desestimando las demandas de los responsables políticos por considerarlas basadas en suposiciones. Esta controversia plantea cuestiones críticas sobre la transparencia, la rendición de cuentas y los verdaderos motivos detrás de las acciones de las distintas partes involucradas.
En definitiva, este caso pone de relieve las tensiones entre las instituciones responsables de luchar contra la corrupción y los acusados, subrayando la importancia de respetar los procedimientos legales y los principios de justicia. Es esencial garantizar que cualquier investigación que se lleve a cabo sea transparente, justa y respetuosa de los derechos fundamentales de todas las partes interesadas involucradas.