No es ningún secreto que las regulaciones que rigen el uso de agentes químicos peligrosos en las operaciones agrícolas, particularmente en viñedos y huertos frutales, plantean importantes cuestiones relacionadas con los derechos fundamentales de los trabajadores agrícolas y los residentes de las zonas agrícolas. La reciente publicación de regulaciones propuestas por parte del gobierno ha reavivado un debate crucial sobre la protección de estos derechos frente a la exposición rutinaria a altos niveles de pesticidas tóxicos.
Una coalición de sindicatos de trabajadores agrícolas y organizaciones de la sociedad civil ha desafiado duramente las regulaciones propuestas sobre agentes químicos peligrosos bajo la Ley de Seguridad y Salud Ocupacional del Departamento de Trabajo. Estos actores resaltaron las implicaciones para los derechos a una toma de decisiones administrativas justa, a la participación democrática y a un ambiente seguro y saludable para los trabajadores agrícolas.
En una presentación conjunta al Director General del departamento, el Centro Africano para la Biodiversidad, el Sindicato Comercial de Trabajadores Agrícolas y Portuarios, el Proyecto Mujeres en Granjas, la Mujeres y Jóvenes Rurales Ubuntu y la Escuela de Salud Pública de la UCT, entre otros , rechazó el procedimiento de publicación y comentario. Hicieron hincapié en que la consulta pública con los trabajadores agrícolas y los residentes de las zonas agrícolas era esencial para reconocer y corregir las numerosas violaciones de las leyes de seguridad y salud ocupacional de Sudáfrica.
También se destacó la revocación de la normativa de 2021, que tenía como objetivo alinear las etiquetas de los plaguicidas y las fichas de datos de seguridad con los estándares internacionales del Sistema General Armonizado (SGA) de las Naciones Unidas. Estas regulaciones, que entraron en vigor en marzo de 2021, exigían un enfoque estandarizado para comunicar los riesgos químicos, utilizando declaraciones de peligro, pictogramas y palabras de advertencia en las etiquetas de los productos.
Sin embargo, las nuevas regulaciones propuestas cuestionan la implementación de estas normas e imponen nuevas obligaciones para la protección de los trabajadores expuestos. Estos requisitos, destinados a evaluar los riesgos químicos, implementar medidas de control y proporcionar información y formación a los trabajadores que manipulan estos productos, son esenciales para garantizar la seguridad de los trabajadores agrícolas.
Lamentablemente, la realidad sobre el terreno revela un panorama mucho más sombrío. Los trabajadores continúan expuestos a sustancias químicas tóxicas sin equipo de protección adecuado ni información sobre los peligros involucrados.. Además, los mecanismos de seguimiento y aplicación de estas normas siguen siendo insuficientes, lo que deja a los trabajadores en una situación precaria.
Es imperativo que los gobiernos tomen medidas concretas para garantizar la protección de los trabajadores agrícolas y los residentes rurales expuestos a sustancias químicas peligrosas. Una regulación sólida y una aplicación rigurosa son esenciales para promover condiciones de trabajo seguras y saludables.
En conclusión, es hora de actuar de manera proactiva para poner fin a la exposición de los trabajadores agrícolas a pesticidas tóxicos, garantizando el respeto de los derechos fundamentales a la seguridad y la salud en el trabajo. Hay mucho en juego y es nuestro deber proteger a quienes garantizan nuestra seguridad alimentaria.