Fatshimetria
En el corazón de Ituri, una importante región de la República Democrática del Congo, se está produciendo un fenómeno preocupante que suscita la indignación de la sociedad civil. De hecho, la multiplicación de casi cincuenta barreras ilegales erigidas por el ejército y otros servicios estatales en el tramo Mambasa-Makeke está en el centro de los debates. Estos puestos de control, que existen desde hace varios meses, han provocado la indignación de la población por el acoso que sufren los usuarios de la vía.
Durante una asamblea general celebrada en el centro de Mambasa el miércoles 10 de julio, la sociedad civil reaccionó con fuerza ante esta alarmante situación. Jospin Mbowa, coordinador de la Nueva Sociedad Civil Congoleña, denunció enérgicamente la instalación de estas barreras, asegurando que fueron utilizadas por soldados de las FARDC y otros agentes para extorsionar con impuestos a una población ya devastada por los abusos de las ADF. Esta práctica no sólo es contraria a la misión principal de las fuerzas armadas que es proteger a los civiles, sino que también constituye una violación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
Ante las acusaciones, el ejército afirma que estos puestos de control no son barreras ilegales, sino dispositivos de seguridad destinados a proteger a la población de las persistentes amenazas de las ADF en la región. El teniente Jules Ngongo prometió que cualquier soldado implicado en actos de acoso sería severamente castigado.
Sin embargo, la sociedad civil mantiene su posición y exige el relevo del comando Sokola 1 en Kivu del Norte, responsable de varias localidades de la región de Mambasa, en Ituri. Esta demanda refleja el firme deseo de los ciudadanos de que se establezca un clima de paz y seguridad sin sacrificar sus libertades individuales.
En última instancia, el asunto de las barreras ilegales en Ituri plantea cuestiones cruciales relacionadas con la protección de los ciudadanos, la legitimidad de las acciones de las fuerzas del orden y la gobernanza de territorios plagados de inseguridad. Es imperativo que las autoridades competentes tomen medidas urgentes para poner fin a estas prácticas abusivas y restablecer la confianza entre la población y las instituciones responsables de su protección.