Los empleados del sector público en Nigeria ahora recibirán un salario mínimo mensual duplicado, fijado en 70.000 naira. La medida se produce tras un acuerdo entre el gobierno y los sindicatos, que amenazaron con nuevas huelgas debido al aumento del costo de vida en el país.
Este aumento salarial es bienvenido, pero suscita sentimientos encontrados dentro de los sindicatos, que inicialmente exigían un salario mínimo casi veinte veces mayor. A pesar de las mayores exigencias, los trabajadores aceptaron esta oferta, conscientes de las dificultades económicas que enfrenta el país.
Sin embargo, es importante mencionar que este aumento no será inmediato, pues aún necesita ser aprobado por los legisladores federales. Las reformas emprendidas por el presidente Bola Tinubu desde que llegó al poder el año pasado han impactado la economía, incluida la eliminación de los subsidios al combustible y la unificación de los tipos de cambio del país.
Estas políticas llevaron a la devaluación de la naira frente al dólar, lo que provocó un aumento de los precios de la gasolina y de la inflación, que alcanzó el 34,1% el mes pasado. Estas medidas económicas fueron uno de los motivos del conflicto entre los sindicatos y el gobierno, pero finalmente se llegó a un acuerdo.
Nigeria, aunque es uno de los principales productores de petróleo de África, sigue siendo uno de los países más pobres del mundo. La corrupción endémica ha ampliado la brecha entre los altos funcionarios y la población en general, acentuando las desigualdades sociales.
Los sindicatos pedían un aumento drástico del salario mínimo para hacer frente al alto costo de vida, pero los gobernadores estatales expresaron preocupaciones sobre su capacidad financiera para implementar estos cambios. La presión ejercida por los trabajadores finalmente dio sus frutos, pero la decisión sin duda tendrá repercusiones en la economía del país.
A pesar de la controversia en torno a la desigualdad salarial y la corrupción, es imperativo que los empleados del sector público se beneficien de condiciones laborales decentes y justas. Este aumento del salario mínimo es un paso positivo, pero es necesario hacer mucho más para garantizar una distribución equitativa de los recursos y combatir la corrupción endémica.