El reciente acuerdo financiero entre el Fondo Nacional de Mantenimiento de Carreteras (FONER) y el Banco Financiero Internacional (BFI Bank) ha planteado serias dudas dentro de la Inspección General de Finanzas (IGF). De hecho, el IGF destacó varias irregularidades e incumplimientos relacionados con este acuerdo por un valor considerable de 500 millones de dólares.
Según las conclusiones del IGF, este acuerdo se celebró sin las autorizaciones necesarias y sin una justificación clara sobre su idoneidad para las obras de construcción de carreteras. FONER, entidad destinada al mantenimiento de carreteras, no está legalmente autorizada para financiar proyectos de construcción. Esta situación genera preocupación sobre el uso de los recursos del FONER y la transparencia de las operaciones financieras.
Jules Alingete Key, inspector general de Finanzas, destacó la importancia de una investigación en profundidad para evaluar la legalidad, regularidad y el impacto de este acuerdo en los recursos del FONER. También insistió en la necesidad de examinar el paquete financiero y las garantías proporcionadas al BFI Bank.
El IGF pidió a FONER que proporcionara todos los documentos relacionados con este acuerdo, en particular el acta de aprobación del Consejo de Administración, las garantías ofrecidas al BFI Bank y el presupuesto previsto para este préstamo. Estas medidas tienen como objetivo garantizar que el acuerdo respete los límites presupuestarios del FONER y garantizar la transparencia de las operaciones.
Este caso genera preocupación sobre el cumplimiento de los procedimientos seguidos y la transparencia de las transacciones que involucran al FONER. La participación del Ministro de Infraestructuras y Obras Públicas, así como del ex Ministro de Finanzas, añade una dimensión política a esta investigación.
En resumen, el IGF sigue decidido a continuar sus investigaciones para aclarar las zonas grises que rodean este acuerdo y garantizar la integridad de las finanzas públicas. Este caso resalta la importancia de la transparencia y la legalidad en la gestión de los fondos públicos, destacando la necesidad de una supervisión rigurosa de los órganos responsables de su gestión.