Fatshimetria
El 15 de agosto de 2024 quedará grabado en la mente de la gente de la República Democrática del Congo, cuando activistas del partido Congo Positivo se reunieron para expresar su apoyo a cambiar la Constitución del país. Sin embargo, lo que debería haber sido una protesta pacífica se convirtió en un enfrentamiento con las fuerzas del orden, lo que marcó un día de tensión y controversia.
Miembros de Congo Positif, bajo el liderazgo de Dieudonné Nkisi, se reunieron en la comuna de Kalamu para expresar su posición a favor del cambio constitucional. Lamentablemente, su iniciativa fue brutalmente interrumpida por la intervención de la policía nacional congoleña, que dispersó a la multitud con gases lacrimógenos.
A pesar de los intentos del secretario general del partido y de algunos miembros del comité nacional de calmar la situación y explicar las ventajas de su actitud, la policía decidió utilizar la fuerza para poner fin a la manifestación. Se produjeron detenciones, lo que sumió el acontecimiento en un clima de represión e incomprensión.
Congo Positif denunció enérgicamente esta represión, argumentando que se habían violado los derechos de manifestación y de expresión, aunque garantizados por la Constitución congoleña. Según el partido, la autorización previa de las autoridades locales debería haber permitido que la manifestación se desarrollara pacíficamente, protegida por una supervisión adecuada de la policía.
Esta manifestación, que pretendía ser un acto de apoyo al cambio constitucional y una demanda para que el gobierno congoleño se retirara del proceso de paz de Luanda, finalmente se convirtió en un ejemplo de la fragilidad de la democracia y la libertad de expresión en la República Democrática del Congo.
El 15 de agosto de 2024 salieron a la luz las tensiones políticas y sociales, poniendo de relieve una vez más los desafíos que enfrenta el país en su búsqueda de la estabilidad y el progreso democrático. Corresponde ahora a las autoridades congoleñas tomar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales de todos los ciudadanos y promover un diálogo constructivo entre las diferentes fuerzas políticas del país.