El último giro en el caso de los manifestantes acusados de terrorismo ha desatado una intensa polémica. Después de declararse inocentes de los seis cargos que les imputaba el gobierno federal, los manifestantes se encontraron ante una decisión judicial de gran importancia.
El 30 de agosto de 2024, el gobierno presentó una denuncia de seis puntos, que incluían acusaciones de traición, desestabilización del país e intimidación al presidente. Entre los acusados se encuentra Andrew Wynne, un ciudadano británico más conocido como Andrew Povich, que actualmente se encuentra detenido en Lage.
En la audiencia, el abogado de la parte civil, Simon Lough, se opuso a la solicitud de libertad bajo fianza, argumentando las implicaciones de la pena de muerte para algunos de los cargos. A pesar de la solicitud de la defensa de detención en un centro policial, el juez Nwite dictaminó que el acusado debería ser detenido en el Centro Correccional de Kuje y que la mujer acusada sería trasladada al Centro Correccional de Keffi en el estado de Nasarawa.
Los cargos contra los manifestantes, detallados en el expediente FHC/ABJ/CR/454/2024, indican una conspiración para desestabilizar el país y cometer actos de traición entre el 1 de julio y el 4 de agosto de 2024.
La decisión del tribunal tuvo un impacto significativo en el desarrollo de este controvertido caso y planteó muchas preguntas sobre la equidad del trato dado a los manifestantes. La comunidad internacional está siguiendo de cerca este caso y las posibles repercusiones sobre los derechos fundamentales y la libertad de expresión.
La lucha por la justicia y la libertad continúa movilizando mentes y provocando debates apasionados dentro de la sociedad. Mientras continúa el juicio, es fundamental permanecer alerta y defender los valores democráticos que están en el centro de este caso.