El Comité de Cuentas Públicas, presidido por el Rep. Bamidele Salam, pronunció recientemente un fallo importante durante una audiencia en Abuja. Esta decisión se relaciona con el monto del reembolso requerido por la Comisión de Responsabilidad Financiera (FRC) de la Junta Conjunta de Admisiones y Matriculación (JAMB).
Reps. Bamidele Salam destacó que el descuento solicitado no estaba sujeto a interpretación personal. Aclaró que se trataba de una cuestión de cumplimiento de la ley o reglamento, y no tenía nada que ver con la diferencia entre el 25% y el 50% como argumentaba JAMB. Por lo tanto, el Comité ordenó por unanimidad a JAMB que remitiera el monto a la UIF y proporcionara evidencia de dicho envío dentro de los 30 días.
Según la Agencia de Noticias de Nigeria (NAN), la UIF llevó a JAMB ante el Comité por un superávit operativo no remitido.
Bello Aliyu, representante de la UIF, dijo que en 2021, según los registros presentados al Comité, los pasivos ascendieron a 390,725 millones de naira.
Agregó que luego de la presentación de este informe, JAMB proporcionó su Estado Financiero Auditado 2022; Luego, la UIF calculó los pasivos y les informó en consecuencia.
Mufutau Bello, Director de Finanzas y Administración de JAMB, respondió a la acusación explicando que la diferencia en las cifras de remesas radicaba en el deseo de la UIF de aumentar la tasa del 25% al 50% de la cifra de remesas.
Como organización, JAMB se comprometió en 2019 a reducir sus tarifas de registro de 5.000 naira a 3.500 naira, en aras de la redistribución a los nigerianos. Desde entonces se ha mantenido celosamente la aportación anual del 25%, dado nuestro sector de actividad en educación.
En los últimos ocho años no ha aumentado ningún arancel, sino que, por el contrario, se ha reducido de 5.000 a 3.500 nairas, lo que representa el 30% de nuestro volumen de negocios.
JAMB siempre se ha beneficiado de la concesión del Contador General para operar con una tasa de descuento del 25%.
La UIF creía que la Junta debería pasar a una tasa del 50%, mientras que el Contador General mantuvo la concesión del 25%, de ahí el desacuerdo.
Está claro que este asunto plantea cuestiones cruciales sobre la gestión de las finanzas públicas y la transparencia de las instituciones. Es responsabilidad de cada entidad estatal respetar las leyes y normas vigentes para garantizar el uso adecuado de los recursos y fortalecer la confianza pública.
Por lo tanto, parece esencial que JAMB cumpla con la decisión del Comité de Cuentas Públicas y aclare la situación financiera con la UIF para garantizar la rendición de cuentas y el cumplimiento de la legislación vigente.