La situación actual en Sudán sigue siendo motivo de gran preocupación, ya que los ataques aéreos contra zonas civiles en el sureste del país han matado a más de 20 personas y herido a decenas más, según las autoridades sudanesas El estado de Sennar está sumido en una guerra civil. el ejército nacional y una milicia paramilitar.
El gobernador en funciones de Sennar, Tawfiq Muhammad Ali, informó el lunes que 21 civiles murieron y otros 63 resultaron heridos en el ataque aéreo del domingo, según la agencia oficial de noticias SUNA. Los atentados, atribuidos a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF) paramilitares, también fueron confirmados por el grupo activista Emergency Lawyers, que vigila los abusos contra los derechos humanos y las víctimas civiles. El grupo de abogados dijo que más de 30 personas perdieron la vida en el ataque de las RSF, que supuestamente tuvo como objetivo un mercado y otros lugares civiles.
Las RSF, que tomaron el control casi total de la ciudad tras capturarla el pasado mes de julio, aún no han reaccionado a estas acusaciones.
El grupo activista también atribuyó a las Fuerzas Armadas Sudanesas (FAS) un ataque aéreo similar en la cercana localidad de al-Souki, que dejó cuatro muertos.
CNN intentó ponerse en contacto con el ejército sudanés y las RSF para solicitar comentarios. Las SAF y las RSF se han acusado mutuamente regularmente de matar civiles mientras la guerra entre ellos entra en su segundo año.
El conflicto ya ha causado la muerte de al menos 18.000 personas y ha desplazado a más de 10 millones desde abril de 2023. Los combates también han provocado «uno de los peores desastres humanitarios» según las Naciones Unidas, al que se enfrenta más de la mitad de la población del país. hambre severa.
Un informe de investigación de la ONU sobre el conflicto en Sudán, publicado el viernes, encontró que las dos facciones en conflicto habían cometido «una gama atroz» de abusos contra los derechos humanos, que pueden constituir crímenes de guerra.
Algunas de estas irregularidades cometidas por las SAF y las RSF incluyeron «ataques indiscriminados y directos llevados a cabo mediante ataques aéreos y bombardeos contra civiles, escuelas, hospitales, redes de comunicaciones, así como infraestructura vital de agua e infraestructura de ‘electricidad’, según el informe de la ONU.
El informe pedía el despliegue de una fuerza independiente para proteger a los civiles, así como un embargo de armas a nivel nacional.
Estas recomendaciones fueron rechazadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores sudanés, que denunció el informe de la ONU. La comunidad internacional sigue preocupada por esta situación que corre el riesgo de seguir cobrándose muchas vidas inocentes si no se toman medidas concretas para ponerle fin.