El mundo político de Nigeria es un escenario donde las acusaciones y contraacusaciones nunca fallan. Recientemente, una declaración del Sr. Aziegbemi conmocionó a la opinión pública al acusar al Gobierno Federal de conspirar para manipular las próximas elecciones para gobernador del estado de Edo. Según él, sería evidente la intervención de Nuhu Ribadu, asesor de seguridad nacional del presidente, y del Departamento de Seguridad del Estado (DSS) en el proceso electoral. Afirmó que Ribadu había liberado la suma de 2 millones de dólares para financiar la campaña del candidato del partido APC en las próximas elecciones.
Los abogados de Ribadu, representados por el despacho Charles Musa & Co, respondieron rápidamente a las acusaciones, calificándolas de «totalmente falsas» y exigiendo inmediatamente su retractación. En un escrito oficial, subrayaron que estos comentarios difamatorios habían dañado la reputación de su cliente y expresaron su indignación por esta situación.
Señalaron que las acusaciones difamatorias habían dañado la imagen de su cliente, retratándolo como cómplice de la corrupción y su cargo como un títere de un partido político dispuesto a sembrar el caos en el estado de Edo, acusaciones infundadas y perjudiciales para su reputación. El señor Ribadu, ex presidente de la EFCC, es conocido por su integridad y compromiso con la lucha contra la corrupción, y es impensable que pueda estar involucrado en prácticas tan reprensibles.
Ante el daño causado por estas falsas acusaciones, los abogados de Ribadu exigen una disculpa pública por escrito, la retractación total de la publicación infractora, así como una compensación económica de 10 mil millones de naira por el daño sufrido.
Este caso pone de relieve las complejas cuestiones de la política en Nigeria, donde la difamación y las conspiraciones son algo común. Es esencial que se establezca la verdad y se haga justicia en estas situaciones para preservar la integridad de las instituciones y actores políticos del país.