Después del trágico colapso del vertedero de Kampala que se cobró la vida de 35 personas el 10 de agosto de 2024, el presidente de Uganda, Yoweri Museveni, tomó la decisión de despedir a tres altos funcionarios de la ciudad. Acusadas de «negligencia criminal» en esta tragedia, Dorothy Kisaka, directora ejecutiva de la autoridad de Kampala, su adjunto y el director de salud pública fueron destituidos de sus cargos.
Una investigación llevada a cabo por la Inspección General del Gobierno arrojó luz sobre la responsabilidad de estos altos funcionarios en la catástrofe. Se reveló que a pesar de las advertencias sobre los riesgos que representaba el vertedero, no se habían tomado medidas para fortalecer su estructura. Además, la adquisición de nuevos terrenos en 2015 para aliviar la presión sobre el vertedero de Kiteezi no se había aprovechado, lo que permitió que la situación persistiera.
Las sanciones impuestas contra estos funcionarios demuestran el deseo del Presidente Museveni de resaltar las disfunciones y fallas de seguridad que llevaron a este desastre. Los despidos fueron seguidos de una investigación exhaustiva por parte del Departamento de Investigación Criminal, lo que demuestra la firmeza del gobierno en el manejo de este tipo de situaciones.
Este trágico evento sirve como recordatorio de la importancia crítica de la gestión y el monitoreo de los vertederos, particularmente en regiones donde las condiciones climáticas extremas pueden amplificar los riesgos. También destaca la responsabilidad de las autoridades públicas de garantizar la seguridad de los ciudadanos y anticipar los peligros potenciales relacionados con el medio ambiente.
En conclusión, el colapso del vertedero de Kampala y las medidas adoptadas por el Presidente Museveni ponen de relieve la necesidad de una gestión rigurosa de las instalaciones críticas para la seguridad pública. Es imperativo que se aprendan las lecciones de esta tragedia y se adopten medidas adecuadas para evitar que se repitan acontecimientos similares en el futuro.