El debate sobre la propuesta de ley para abolir los 37 Consejos de Desarrollo Local (PMA) en el estado de Lagos está generando preocupación sobre sus implicaciones para el desarrollo de base. El ex Ministro de Estado de Defensa, Musiliu Obanikoro, expresó su temor de que la ley socave el desarrollo local a nivel comunitario.
Según Obanikoro, aunque las intenciones de la Asamblea son loables, la sustitución de los CDL por consejos administrativos locales es una medida considerada innecesaria y potencialmente perjudicial para sus funciones originales, establecidas hace 21 años. También destaca la falta de publicidad en torno a la consulta pública sobre este proyecto de ley y llama a los legisladores a tener en cuenta las opiniones de las partes interesadas para enriquecer el texto.
El proyecto de ley busca derogar la Ley de Gobierno Local de 2015 y su enmienda de 2016, reemplazándolas por Consejos Administrativos de Área. Estos consejos estarían encabezados por secretarios administrativos zonales designados por el gobernador del estado y financiados por los respectivos PMA bajo los cuales se encuentran. Su misión sería gestionar los asuntos locales y mantener los derechos, obligaciones y responsabilidades heredados de su estatus CDL.
Otras disposiciones del proyecto de ley incluyen la capacidad de las CDL de delegar funciones a sus respectivos Consejos Administrativos, así como el poder otorgado al gobernador para suspender a cualquier presidente de la CDL infractor, con la posibilidad de reinstalación después del final del período de mandato. suspensión, previa notificación de la Asamblea.
Es fundamental tener en consideración la importancia de las administraciones locales en el desarrollo comunitario. Los desafíos que enfrentan los niveles locales de gobernanza requieren un enfoque serio y reflexivo para garantizar un crecimiento nacional inclusivo y equilibrado. Por lo tanto, es imperativo que las autoridades implementen reformas que fortalezcan las capacidades de los gobiernos locales para responder eficazmente a las necesidades de sus ciudadanos.
En conclusión, es necesario encontrar un equilibrio entre racionalizar la estructura administrativa y mantener la relevancia y eficacia de los servicios locales. Los formuladores de políticas deben escuchar las preocupaciones de las partes interesadas y desarrollar políticas que fomenten el desarrollo sostenible e inclusivo a nivel local, para construir comunidades más fuertes y resilientes para el futuro.