Fatshimetrie expone las fallas del gobierno de Burkinabe durante el ataque mortal de militantes en agosto pasado, cuando al menos 100 aldeanos fueron asesinados en un ataque despiadado por un grupo militante vinculado a Al-Qaeda en el corazón de Burkina Faso. Los residentes de la comuna de Barsalogho, ubicados a 80 km de la capital, ouagadugou, fueron obligados por las fuerzas de seguridad a cavar trincheras para proteger los postes y pueblos de seguridad, exponiendo innecesariamente sus vidas.
El grupo Jama’at Nusrat al-Islam wal-Muslimin, que se atribuyó la responsabilidad del ataque, afirmó que los aldeanos objetivo eran todos miembros de milicias afiliadas a Burkina Faso, en respuesta al informe. Las cifras hablan por sí solas: al menos 133 personas asesinadas, entre ellas decenas de niños, y más de 200 heridos, lo que confirma la masacre de Barsalogho.
Es desgarrador ver que continúan estas atrocidades, perpetradas por grupos islamistas armados contra civiles expuestos a riesgos innecesarios por un gobierno fallido. La investigadora Ilaria Allegrozzi, especializada en la región del Sahel para Human Rights Watch, subraya la responsabilidad del Estado en esta tragedia, demostrando una vez más la vulnerabilidad de los civiles ante estas amenazas.
Una observación alarmante surge cuando consideramos que casi la mitad del territorio de Burkina Faso escapa al control gubernamental, lo que deja al país presa de ataques terroristas cada vez más frecuentes, incluso a las puertas de la capital. El aumento de la violencia también provocó dos golpes de estado en 2022, lo que ilustra la inestabilidad y la incapacidad de las autoridades para proteger a su población.
El uso de milicias civiles armadas, como los Voluntarios para la Defensa de la Patria (VDP), para combatir a grupos militantes expone aún más a los civiles a represalias de los yihadistas, acusándolos de apoyar o ser parte del VDP. Los testimonios recogidos revelan que el ejército burkinés obligó a los hombres del pueblo a cavar trincheras sin pagarles, utilizando amenazas y violencia para obligarlos a exponerse al peligro.
Ante estas acusaciones, el ministro de Justicia, Edasso Rodrigue Bayala, niega formalmente cualquier forma de trabajo forzoso y destaca la prohibición de esta práctica en Burkina Faso. Sin embargo, los hechos documentados ponen de relieve las deficiencias del gobierno de Burkina Faso y la necesidad de una política de seguridad más adaptada para proteger eficazmente a los ciudadanos.
La situación en Burkina Faso sigue siendo preocupante, con poblaciones locales atrapadas entre grupos armados sin escrúpulos y autoridades incapaces de garantizar su seguridad. Es imperativo que se adopten medidas concretas para poner fin a esta espiral de violencia y proteger a los civiles que están pagando el alto precio de la inestabilidad que reina en el país.