La transición hacia una energía más justa es un desafío importante para muchos países, al que se enfrentan poderosos grupos de presión tanto en el sector del carbón como en el del petróleo y el gas. Este desarrollo se produce en un contexto marcado por dos transiciones importantes e interconectadas: por un lado, un «tsunami tecnológico» vinculado a la Cuarta Revolución Industrial y, por otro, una crisis ecológica vinculada al calentamiento global.
El Acuerdo de París de 2015, que establece el objetivo de limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C por encima de los niveles preindustriales y lograr emisiones netas de carbono cero para 2050, es vital. Sin embargo, las tendencias actuales indican que es posible que estos objetivos no se alcancen. La cuestión de la energía es crucial desde esta perspectiva, y Sudáfrica enfrenta grandes desafíos debido a su fuerte dependencia del carbón y el petróleo, combinada con una economía muy intensiva en energía.
Estas dos transiciones están provocando un cambio gradual de la economía global de las regiones occidentales y septentrionales a las regiones orientales y meridionales, que ofrecen recursos energéticos renovables más favorables. Este cambio se ilustra con la creación del grupo Brics.
Sin embargo, el entusiasmo por estas transformaciones locales y globales debe verse matizado por la conciencia de las inmensas dificultades asociadas con la transición a un nuevo sistema energético global. Los combustibles fósiles siguen siendo la principal fuente mundial de suministro de energía primaria, mientras que las reservas mundiales de petróleo y gas continúan expandiéndose. También en Sudáfrica los combustibles fósiles dominan el panorama energético.
La transición tecnológica y política
El “tsunami tecnológico” en el sector energético se manifiesta principalmente a través de tecnologías renovables de producción y almacenamiento de electricidad. Estas innovaciones alteraron las economías tradicionales del carbón y la energía nuclear y la concentración de la propiedad en el sector de producción de energía.
Según la empresa eléctrica estatal Eskom, se han instalado más de 6.000 megavatios de capacidad de generación de energía renovable, incluidos 3.800 megavatios en sólo 24 meses. En ocasiones, estas fuentes abastecieron hasta el 22% de la demanda de la red.
Descentralización, descarbonización, democratización y digitalización se han convertido en las nuevas consignas del sector eléctrico. Las tecnologías emergentes permiten a los consumidores volverse más independientes energéticamente, transformándolos efectivamente en «prosumidores» capaces de vender el exceso de energía a otros actores y alterar modelos de negocios establecidos desde hace mucho tiempo.. Estas transformaciones están empezando a tener importantes consecuencias económicas y están contribuyendo a cambios en el panorama político.
En un contexto de lucha entre las fuentes primarias de suministro de energía y los mercados energéticos, Sudáfrica enfrenta el surgimiento de un sistema político-económico informal generalizado, moldeado por la intersección de clientelismo y faccionalismo, donde redes de clientelismo forman facciones políticas para ganar influencia dentro del Estado. . En el sector energético, esto se ha manifestado en la captura estatal de entidades como Eskom y municipios, así como de otras instituciones estatales.
En los últimos años, el robo de infraestructura de redes en los sectores del petróleo y la energía, así como el chantaje de las mafias del carbón y la construcción, han puesto en peligro las industrias de redes, amenazando la seguridad del suministro de energía. Los organismos encargados de hacer cumplir la ley están luchando por contener este creciente problema.
Política energética: hacia la liberalización del mercado
Una política energética y regulatoria estable y predecible es el sueño de todo inversor. En Sudáfrica, las buenas políticas adoptadas a principios de la era democrática se han debilitado y a menudo se caracterizan por una mala implementación. Esto se explica en parte por el despliegue de cuadros de partidos políticos y mercados preferenciales para ciertos grupos.
Los inevitables problemas financieros que enfrentan el Estado y sus empresas han obligado al gobierno a hacer una transición renuente hacia la liberalización del mercado y la inversión privada, aunque de manera serpenteante. ¿Tendrán las empresas y la comunidad internacional confianza en una política energética lo suficientemente sólida y sostenible como para justificar inversiones masivas en infraestructura energética en Sudáfrica?
Esta trayectoria política tiene implicaciones para la equidad. Los inversores privados esperan un retorno de sus inversiones, lo que implica mayores costes para los consumidores. Los avances hacia las reformas de mercado probablemente conducirán a precios más altos. Al mismo tiempo, ha habido poco desarrollo de políticas relativas a una red de seguridad para los pobres.
A pesar de un notable cambio de política hacia la reforma del mercado, muchos clientes de electricidad creen que esto es demasiado poco y demasiado tarde, y cansados de esperar una solución gubernamental al problema del deslastre de carga, están tomando el asunto en sus propias manos.
En apenas unos años, la mayoría de las grandes compañías petroleras han desinvertido en sus activos de refinación en Sudáfrica. Entre ellos se incluyen BP, Chevron, Petronas, Shell y TotalEnergies. Algunos han sido reemplazados por comerciantes globales como Glencore y Vitol.