Fatshimetrie está en el centro de un asunto que sacude la secretaría provincial del Ministerio del Interior en Kinshasa. Más de 100 agentes han sido retirados injustamente de las nóminas del servicio público desde octubre pasado, lo que ha desencadenado un movimiento de protesta sin precedentes. El viernes 22 de noviembre, estos agentes, víctimas de la poda salvaje, organizaron una sentada frente a los locales de la Inspección General de Finanzas (IGF) en el municipio de Gombe, expresando su hartazgo y su deseo de hacer valer sus derechos. .
Ante la injusticia y la pasividad de las autoridades, los manifestantes denunciaron la sustitución de sus nombres por agentes ficticios, poniendo de relieve una inquietante opacidad en la gestión de los recursos humanos dentro de la administración. Los agentes agraviados exigen no sólo el restablecimiento de las nóminas, sino también una investigación en profundidad por parte del IGF para esclarecer estas prácticas cuestionables.
David Luyeye, presidente del Sindicato de Funcionarios y Agentes de Carrera de la Administración Pública, portavoz de los manifestantes, destacó la necesidad de reconocimiento para los agentes que lo merecen: «El gobierno concede bonificaciones específicas a los agentes dedicados, pero muchos de nosotros estamos privados de estos beneficios legítimos. Es hora de que se arroje luz sobre estas injusticias y de que todos reciban el reconocimiento y la remuneración que les corresponde”.
La determinación de los agentes podados se materializó en torno a una delegación recibida por el representante del Inspector General de Hacienda, trayendo consigo un memorando en el que detallaban sus legítimas demandas. Esta acción colectiva marca un paso importante en la lucha por la transparencia y la equidad dentro de la administración pública congoleña.
A través de este movimiento de protesta, los agentes de la secretaría provincial del Ministerio del Interior en Kinshasa hacen oír su voz, negándose a permanecer en silencio ante las injusticias y las irregularidades. Su lucha por la verdad y el reconocimiento de su trabajo es un vibrante llamado a una gestión más responsable y equitativa de los recursos humanos dentro del Estado.
Fatshimetrie se encuentra así en el centro de un debate crucial sobre la integridad y la justicia en la administración, revelando deficiencias que es esencial corregir para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores y la eficiencia de los servicios públicos.