**Profesores de derecho constitucional y gimnasia intelectual: entre la virtud y el oportunismo**
Al observar el panorama de los profesores de derecho constitucional, uno puede sorprenderse por el contraste entre sus enseñanzas sobre la virtud de la Constitución como pilar sagrado de la sociedad y sus acciones cuando soplan vientos de cambio en la cima del estado. Estas personas eminentes, acostumbradas a predicar la legalidad y el rigor constitucional, parecen de repente transformarse en prestidigitadores intelectuales, haciendo malabarismos con los conceptos y principios que ellos mismos han inculcado.
Como acróbatas del pensamiento, estos guardianes de la ley realizan una auténtica pirueta moral para justificar un oportunismo que a veces roza lo grotesco. ¿Cómo llegaron allí? ¿Han perdido el rumbo, olvidando los fundamentos que enseñan con tanta convicción? ¿O es simplemente el peso de las circunstancias y los intereses políticos lo que los empuja a esta contorsión intelectual?
Se acepta que el cambio constitucional es un paso legítimo y que el Presidente tiene derecho a iniciar una revisión de la ley fundamental. Sin embargo, la pregunta que surge es si los profesores de derecho constitucional deben ser simples ejecutores de las decisiones políticas, o si tienen un papel que desempeñar en la preservación de los principios constitucionales fundamentales, más allá de las consideraciones políticas del momento.
Es irónico observar que las mismas personas que contribuyeron al desarrollo de la Constitución actual estén hoy ansiosas por elogiar los méritos de su revisión, como un niño frente a un juguete nuevo. Esta contradicción entre sus discursos y sus acciones es desconcertante y plantea dudas sobre su integridad y su compromiso con los principios que se supone deben defender.
Los profesores de derecho constitucional suelen presentarse como guardianes de la verdad y la legalidad, destacando su amplia experiencia y profundo conocimiento de la historia constitucional del país. Sin embargo, es legítimo cuestionar la sinceridad de su enfoque y preguntarse si su compromiso está realmente motivado por los mejores intereses del pueblo o si es simplemente una postura política para preservar sus intereses personales.
En realidad, estos profesores de derecho constitucional se encuentran atrapados en un juego de tontos, manipulados por las fuerzas políticas presentes y tentados por un oportunismo que les hace perder de vista los principios que se supone que deben encarnar. Su doble discurso y sus posiciones ambivalentes los exponen a críticas y ponen de relieve la falta de coherencia entre sus enseñanzas teóricas y su práctica diaria..
En este contexto de crisis moral y política, es fundamental recordar a los profesores de derecho constitucional su responsabilidad como guardianes de los valores democráticos y republicanos. El pueblo congoleño merece representantes íntegros y comprometidos, dispuestos a defender la Constitución y el Estado de derecho en todas las circunstancias y no sucumbir a la tentación del oportunismo político.
Es hora de que estos profesores vuelvan a conectarse con la ética y el rigor intelectual que deben guiar su acción y demuestren coraje y determinación frente a las presiones políticas y los intereses partidistas. Porque es defendiendo incansablemente los principios fundamentales de la democracia y la justicia como estos guardianes de la Constitución pueden merecer verdaderamente el título de sabios y defensores del interés general.
En un país donde la democracia aún es frágil y donde las instituciones luchan por afirmarse, es crucial que los profesores de derecho constitucional desempeñen un papel de liderazgo en la construcción de un Estado de derecho sólido y duradero. Su misión es recordar a todos, funcionarios electos y ciudadanos, que la Constitución es la brújula moral de la nación y que debe ser respetada y defendida por todos, sin excepción.
En conclusión, los profesores de derecho constitucional tienen un papel esencial que desempeñar en la preservación del orden democrático y el respeto a las instituciones. Su compromiso con los principios fundamentales de la Constitución y el Estado de derecho es esencial para garantizar la estabilidad y legitimidad del régimen político. Es hora de que estén a la altura de su misión y devuelvan toda su nobleza a la profesión de guardián de la ley y la justicia.