El caso del abogado y activista de derechos humanos Dele Farotimi apareció recientemente en los titulares legales en Nigeria. Acusado de difamación, compareció ante el Tribunal de Primera Instancia del Estado de Ekiti el miércoles 4 de diciembre, enfrentando 16 cargos relacionados con presuntas declaraciones difamatorias hechas contra Afe Babalola SAN, fundador de la Universidad Afe Babalola, en su libro titulado “Nigeria y su sistema de justicia penal”. .
El arresto de Farotimi por agentes de la policía estatal de Ekiti en su residencia de Lagos el martes 3 de diciembre fue captado en vídeo, lo que provocó la indignación pública. El arresto planteó dudas sobre la libertad de prensa, el estado de derecho y la criminalización de la difamación en Nigeria.
La Asociación de Abogados de Nigeria (NBA) criticó duramente el arresto y señaló que el estado de Lagos, donde fue arrestado Farotimi, ha despenalizado la difamación. El presidente de la asociación, Afam Osigwe, calificó la detención de una preocupante violación del Estado de derecho y subrayó que en Lagos la difamación se trata como un asunto civil.
El renombrado abogado y litigante principal (SAN), Femi Falana, también pidió la liberación inmediata de Farotimi, calificando su arresto de ilegal. Cree que la difamación en Lagos debería tratarse como un asunto civil, no penal.
Los cargos contra Farotimi incluyen acusaciones de difamación criminal que involucran a otra figura de alto rango, Tony Elumelu, presidente del grupo United Bank for Africa. Parece que estas acusaciones están relacionadas con declaraciones de su libro.
La NBA ha pedido que la policía rinda cuentas por lo que describe como un abuso de autoridad. La asociación destacó que el acoso a un abogado en el ejercicio de sus funciones constituye un grave ataque a la profesión jurídica.
Este caso desató un animado debate sobre la libertad de prensa, el estado de derecho y la criminalización de la difamación en Nigeria. Destaca los desafíos que enfrentan los defensores de derechos humanos y los profesionales del derecho en el país.
Es esencial preservar la libertad de expresión y garantizar que la justicia se imparta de manera justa y de conformidad con las normas internacionales de derechos humanos. Este caso resalta la importancia de proteger a abogados y periodistas en el ejercicio de sus funciones, a fin de preservar la integridad del sistema judicial y el respeto a los principios democráticos.