En la Isla Grande de Madagascar, los recientes acontecimientos en el sector minero plantean cuestiones cruciales relativas a la redistribución de los ingresos generados por la explotación de los recursos naturales. Si bien el gobierno malgache adoptó un nuevo Código Minero destinado a aumentar los impuestos mineros y promover una mejor distribución de estos fondos, los desafíos persistentes aún obstaculizan la plena eficacia de estas medidas.
La decisión de aumentar la proporción de impuestos mineros pagados por las empresas extractivas del 2% al 5% representa sin duda un progreso significativo para Madagascar. Sin embargo, la cuestión de la transparencia y la equidad en la redistribución de estos ingresos sigue siendo el centro de las preocupaciones. Un estudio reciente realizado por la organización de la sociedad civil “Publish What You Pay” destaca varias disfunciones que afectan la adecuada distribución de los fondos provenientes de la minería.
Según Valéry Ramaherison, secretario ejecutivo de la rama malgache de esta coalición, un bloqueo sistemático a nivel del Tesoro público impide actualmente la transferencia de descuentos, cánones y costes administrativos a los municipios beneficiarios. Esta opacidad en la gestión de los ingresos mineros plantea interrogantes sobre su uso real y su impacto en el desarrollo local.
Además, el estudio destaca prácticas arbitrarias en la redistribución de impuestos: algunos municipios reciben su parte mientras que otros son privados de ella sin una explicación clara. Esta gestión opaca no sólo compromete la transparencia sino que también constituye un revés preocupante en el proceso de descentralización en curso en Madagascar.
Otro desafío importante identificado es la falta de habilidades dentro de los municipios para administrar eficazmente los fondos mineros que se les adeudan. Si bien algunas comunidades podrían recibir sumas considerables en concepto de regalías mineras, la falta de capacitación y apoyo técnico podría comprometer el uso adecuado de estos recursos en beneficio de las comunidades locales.
Ante estos desafíos, la sociedad civil recomienda encarecidamente que el Estado malgache ofrezca apoyo técnico y formación adaptada a los municipios beneficiarios para fortalecer sus capacidades de gestión y garantizar la transparencia en la redistribución de los ingresos mineros. Es imperativo que los procedimientos para transferir estos fondos sean sistemáticos y rastreables, permitiendo así un seguimiento riguroso de su uso y garantizando que contribuyan efectivamente al desarrollo local.
En conclusión, el desafío de redistribuir los ingresos mineros en Madagascar requiere un enfoque equilibrado, transparente e inclusivo para garantizar que estos fondos realmente beneficien a las poblaciones locales y contribuyan al desarrollo sostenible del país.