En la zona de Khuma, cerca de la mina Buffelsfontein en Stilfontein, Sudáfrica, los residentes se encuentran en una situación económica difícil tras el cierre de las actividades mineras ilegales por parte de las autoridades. En noviembre pasado, cientos de mineros informales se encontraron atrapados en el pozo de una mina de oro abandonada después de que la policía bloqueara el acceso como parte de la Operación Vala UmGodi (Operación Cerrar el Agujero).
Esta tragedia revela una profunda indiferencia hacia la vida de los hombres atrapados bajo tierra, poniendo de relieve una cierta inercia ante la injusticia y una traición a los valores constitucionales que defienden la dignidad humana en Sudáfrica.
Los esfuerzos de rescate iniciados por la comunidad fueron laboriosos. Con más de 50 personas necesarias para sacar a una sola persona del pozo usando una cuerda, el progreso ha sido lento. Durante las dos primeras semanas sólo se pudo rescatar a 12 personas. Las historias de los supervivientes son escalofriantes: algunos comen una mezcla de pasta de dientes y papel higiénico para evitar la sensación de hambre. Los cuerpos incluso comenzaron a descomponerse bajo tierra.
En este contexto de escasez y ausencia de un sistema de redistribución de recursos escasos, estalló la violencia y el caos entre los mineros atrapados que competían por los recursos limitados.
El llamado de la comunidad de Stilfontein a la intervención del gobierno fue recibido con una rotunda negativa. Las autoridades describieron a los mineros atrapados como delincuentes que operan ilegalmente. Esta posición provocó una falta de agua y alimentos para los atrapados bajo tierra. El Presidente Cyril Ramaphosa apoyó esta posición, afirmando que la mina Stilfontein era una escena de crimen donde se estaba llevando a cabo minería ilegal, justificando así el bloqueo de las rutas de escape.
La estigmatización de los mineros informales por parte de los medios tradicionales, incluidas las redes sociales, como personas dañinas y peligrosas, no permite un debate constructivo sobre las políticas que se deben implementar para resolver los problemas estructurales de la pobreza y el desempleo en Sudáfrica.
Es crucial enfatizar que criminalizar a los más desfavorecidos permite a las autoridades enmascarar sus propias deficiencias en la lucha contra la pobreza y utilizar la violencia para silenciar las demandas legítimas de los sectores más vulnerables de la sociedad. En lugar de tratar los síntomas, es esencial abordar las causas profundas de la precariedad que empuja a estas personas a arriesgar sus vidas en las minas abandonadas.
En resumen, es imperativo cambiar la percepción sesgada de los mineros informales y abrir un diálogo inclusivo y respetuoso para encontrar soluciones sostenibles a los desafíos socioeconómicos que enfrenta Sudáfrica.. Sólo medidas basadas en la compasión y la justicia pueden garantizar un futuro mejor para todos los ciudadanos del país.