Nos adentramos entre bastidores de una fascinante actualidad en Madagascar: el tráfico ilegal de oro que ocupa los titulares y pone de relieve las cuestiones cruciales que rodean esta práctica. En el aeropuerto de Antananarivo, la incautación de tres lingotes de oro destinados a la exportación ilegal a Dubai causó revuelo entre las autoridades y provocó la detención de tres personas implicadas en esta red clandestina.
Este asunto refleja una realidad mucho más amplia y alarmante: la industria del oro malgache está plagada de tráfico ilícito, lo que pone en peligro la economía nacional y la estabilidad financiera del país. A pesar de la reciente creación de una ventanilla única para las exportaciones de oro con el fin de regular legalmente las transacciones, sólo unos pocos kilos han pasado por este canal, mientras que una auténtica tonelada de oro sale clandestinamente de Madagascar cada mes.
Los obstáculos administrativos y fiscales han obstaculizado el éxito de la ventanilla única, incluida la persistencia de un impuesto especial sobre el oro hasta hace poco y retrasos en la renovación de las aprobaciones de los contadores de oro, actores clave en la cadena de exportación legal.
Ante este floreciente contrabando, las autoridades malgaches han reforzado los controles y tomado medidas represivas para disuadir a los traficantes. La ventanilla única, aunque infrautilizada hasta ahora, podría convertirse en una palanca esencial para animar a los agentes del mercado a optar por canales legales. De hecho, los riesgos de incautación total de bienes exportados ilegalmente resaltan las consecuencias desastrosas de estas prácticas para los delincuentes.
Ernest Lainkana Zafivanona, director general de la aduana de Madagascar, subraya que la exportación ilegal de oro tiene como objetivo principal eludir las obligaciones de repatriación de divisas, esenciales para la estabilidad de la moneda nacional y la gestión de las reservas de divisas del país.
Al mismo tiempo, Clément Rabenandrasana, coordinador nacional de la Organización de la Sociedad Civil para las industrias extractivas, pide medidas firmes contra la corrupción que impregna el sector del oro malgache. Recomienda una mayor trazabilidad del oro procedente de su recogida en las minas artesanales, con el fin de garantizar una remuneración justa a los trabajadores locales y una contribución fiscal justa por parte de los municipios afectados.
En este contexto complejo en el que chocan intereses económicos, geopolíticos y sociales, Madagascar se enfrenta a un gran desafío: conciliar la explotación de sus recursos naturales con la preservación de su patrimonio y la mejora de las condiciones de vida de su población. Por lo tanto, la lucha contra el tráfico ilegal de oro es una cuestión crucial para el futuro del país, que requiere medidas audaces, una cooperación internacional reforzada y una voluntad política inquebrantable.