En el territorio de Nyirangongo, en la provincia de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo, surgió recientemente un caso de prácticas cuestionables que conmocionó a la opinión pública. La ONG de derechos humanos Badilika criticó duramente el comportamiento de algunos inspectores itinerantes de la Educación Primaria, Secundaria y Técnica (EPST), que supuestamente habían creado un sistema de apoyo a los directores de escuelas privadas.
Esta práctica, calificada de auténtica mafia por la organización, consiste en exigir a los jefes de establecimiento que paguen la estancia de los inspectores itinerantes, aunque estos últimos son pagados por el Estado congoleño y se benefician de los gastos de funcionamiento. Una situación inaceptable, denunciada por Badilika, que pide que se ponga fin sin demora a estas acciones.
Este caso revela una forma de acoso y abuso de poder dentro del sistema educativo en la región de Nyirangongo. De hecho, las escuelas en cuestión acogen a un número importante de estudiantes desplazados, lo que hace que la situación sea aún más preocupante. Badilika también destacó la necesidad de mejorar las condiciones de vida de los inspectores para garantizar un funcionamiento justo y transparente del EPST.
A pesar de estas revelaciones, el inspector jefe de la provincia educativa de Kivu del Norte I, François Eloko, aún no ha reaccionado ante estas acusaciones. Por tanto, es fundamental tomar medidas rápidas y eficaces para poner fin a estas prácticas mafiosas y garantizar un entorno sano y justo para la educación de los jóvenes en la región de Nyirangongo.
Este caso resalta una vez más la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas dentro del sistema educativo, así como la necesidad de proteger los derechos de estudiantes y docentes. Esperemos que se tomen medidas concretas para remediar esta situación y garantizar una educación de calidad para todos.